El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó desestimar la denuncia penal presentada por la Casa Militar contra los periodistas de TN, al considerar que las imágenes difundidas no constituyen un delito.
En un nuevo capítulo judicial que involucra al Gobierno nacional, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes desestimar la denuncia penal presentada por la Casa Militar contra los periodistas de TN. La acusación, impulsada por el jefe de la seguridad presidencial, general Sebastián Ibáñez, sostenía que el uso de tecnología encubierta para grabar dentro de Balcarce 50 ponía en riesgo la seguridad nacional.
Sin embargo, el fiscal fue contundente al afirmar que el material difundido en el programa “¿Y mañana qué?” no revista la entidad requerida para configurar delitos. Según Pollicita, los periodistas se limitaron a mostrar espacios físicos y aspectos generales de un edificio público, sin que se acreditara la difusión de secretos políticos o militares ni una perturbación sustancial a la seguridad del Estado.
Uno de los puntos más debilitantes para la denuncia oficial fue la comparación del contenido. El fiscal avanzó sobre el argumento de la Casa Militar señalando que las imágenes captadas por Ignacio Salerno con los anteojos inteligentes coinciden con material que ya es de acceso público. El dictamen menciona que en plataformas como Google Maps, YouTube e incluso en la propia página web oficial de la Casa de Gobierno, circulan registros visuales similares a los presentados en el informe televisivo. Al estar estos espacios ya expuestos de manera oficial y no oficial, el fiscal concluyó que la situación carece de relevancia jurídico-penal.
La denuncia pretendía encuadrar el accionar periodístico bajo los artículos 222 y 223 del Código Penal, los cuales prevén penas de hasta seis años de prisión por la revelación de secretos de Estado. Con este pedido de desestimación, el fiscal descarta el grueso de las acusaciones del general Ibáñez, al entender que el ejercicio de la labor periodística en este caso no vulneró los protocolos de seguridad de forma criminal.
Este pedido de cierre de la causa se suma a una jornada cargada de tensión política para el Ejecutivo, marcada por la masiva movilización universitaria y el debate legislativo en el Congreso.