Mientras la Plaza de Mayo se llenaba de manifestantes, el oficialismo reunió a su mesa política para definir estrategias que blinden al vocero presidencial y retomen la agenda legislativa con múltiples proyectos.
En un contexto de movilización social en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional convocó a una reunión de la mesa política con la presencia de Martín Menem y Patricia Bullrich. El objetivo central fue coordinar los pasos para respaldar al vocero Manuel Adorni, ante el pedido de interpelación de la oposición por presunto enriquecimiento ilícito.
La prioridad de La Libertad Avanza es evitar que se concrete la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo se muestran optimistas tras las negociaciones con gobernadores y estiman que la oposición no alcanzará el quórum necesario. “Están en 115, suponiendo que todo el peronismo se siente, cosa que no va a ocurrir”, confiaron fuentes oficiales, que apuestan a ausencias estratégicas para desactivar el embate contra Adorni.
Paralelamente, el oficialismo busca retomar la agenda pública el próximo 20 de mayo con una sesión en Diputados que incluya la denominada Ley Hojarasca, convenios internacionales y una reforma en el régimen de zonas frías. Para finales de mes y principios de junio, el foco se trasladará al Senado, con un temario más amplio que abarca institucionalidad y justicia (inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y reforma electoral con Ficha Limpia), economía y desregulación (el “Super RIGI” y reformas para actividades estratégicas como cabotaje marítimo e hidrovía, solicitadas por gobernadores) y salud y social (reforma del régimen de Salud Mental).
En cuanto al reclamo de las universidades, el Gobierno ratificó que no cederá en la indexación automática por inflación que fija la ley actual. En su lugar, impulsa un proyecto de financiamiento presentado en febrero, que se ajusta estrictamente al equilibrio fiscal. La propuesta oficial establece una recomposición escalonada para docentes y no docentes de tres tramos del 4,1% (marzo, julio y septiembre), eliminando la recuperación integral desde diciembre de 2023. Además, el proyecto delega en el Ejecutivo la determinación de montos para becas y gastos de funcionamiento, supeditando cualquier aumento a la “disponibilidad fiscal” y eliminando las fórmulas de actualización automática para ciencia, técnica y hospitales universitarios. Con este esquema, el Ejecutivo busca pasar de una actualización obligatoria por ley a un sistema de incrementos definidos políticamente, blindando así su meta de déficit cero.