El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba unificó tres causas y elevó el caso a juicio oral. La mediática podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión por los cargos que se le imputan.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha unificado tres causas graves en contra de Morena Rial y ha decidido elevar el caso a juicio oral, rechazando los planteos presentados por su defensa. Los delitos por los que se la investiga incluyen robo de celulares, amenazas de muerte y actos de vandalismo, con expedientes que se remontan al año 2022.
Según la información judicial, el primer hecho imputado es el robo de siete dispositivos móviles en un local de telefonía de su expareja, Facundo Ambrosioni. La investigación indica que el incidente quedó registrado en cámaras de seguridad y habría sido admitido por la propia Rial en mensajes de WhatsApp.
El segundo caso judicial involucra amenazas de muerte, peritadas, contra su exsuegro, a quien habría advertido: «No va a quedar nadie vivo si nos denuncian». Finalmente, se le atribuye el vandalismo de un vehículo y el robo de su patente.
El abogado de la querella, Carlos Nayi, confirmó que la escala penal por el «concurso de delitos» no es excarcelable. Además, señaló que el Tribunal rechazó lo que calificó como «el último esfuerzo desesperado» de la defensa para evitar el juicio oral, en referencia a ofertas económicas a los damnificados que fueron rechazadas.
Con la elevación a juicio confirmada, Morena Rial tiene dos caminos procesales. Si opta por un juicio oral completo y es hallada culpable, la pena máxima podría alcanzar los 12 años de prisión efectiva. La alternativa sería un juicio abreviado, que requiere una declaración de culpabilidad sobre todos los cargos y podría reducir la condena a aproximadamente 3 años, aunque esto generaría un antecedente penal irreversible.
Dado que el proceso se desarrolla bajo jurisdicción cordobesa, Rial deberá trasladarse a esa provincia para cumplir con los actos procesales. Mientras la mediática reside en Buenos Aires, la justicia de Córdoba avanza para fijar la fecha del debate oral que definirá su situación legal.