«El partido está en el alargue y el que mete un gol, gana», explicó de manera futbolera un representante del PRO que -fiel al fundador de su partido- suele explicar todo en base al deporte que más gusta a los argentinos, en referencia al proyecto de Ley ómnibus que comenzó a debatirse en el Senado.
La realidad indica que, hasta hoy, los asesores del ministro de interior Guillermo Francos y los ayudantes de Cristina Kirchner en el Instituto Patria, tienen empatada la crucial elección en la Cámara Alta, la de los senadores, que tienen la oportunidad de aprobar o rechazar para su devolución a Diputados, de varios artículos de la Ley Bases y del paquete fiscal que cuenta con media sanción y que transformará, de aprobarse, las vidas de miles de argentinos por sus implicancias laborales, financieras y económicas.
Ley de Bases: 10 senadores definirán el futuro del Gobierno
Se trata, ni más ni menos, de la posible sanción de una norma que obtenga el mínimo consenso para que un gobierno liberal, pueda funcionar con cierto horizonte de gobernabilidad despejado que llevaría a analistas de inversión del exterior a plantar inversiones en un país fragmentado por brechas políticas e ideológicas y con intereses arraigados para que nada cambie operando de fondo detrás de tanto ruido y de tanta polémica.
Las cuentas son claras: hay 31 senadores a favor y 31 legisladores en contra y hay 10 representantes que están en duda.
Las partes en pugna van por ellos.
Primero, la radiografía rápida de aquellos que están a favor: los siete senadores de La Libertad Avanza, los diez de la UCR que apoyan la iniciativa, los cinco del PRO y el resto de partidos provinciales de Misiones, Chubut, Tucumán, Salta, Córdoba y el representante de Unión por la Patria catamarqueño, Guillermo Andrada.
Mayans y Di Tullio esperan que los 33 senadores de UxP voten en contra de la Ley Bases e incluso buscan voltear Ganancias.
Por el lado de la negativa, todo el bloque de Unión por la Patria, menos Andrada, que suman 31 irreductibles voluntades.
Por lo que el proyecto más importante elaborado por la administración de Javier Milei y puesto a consideración de los legisladores quedará en manos de diez senadores, disímiles entre ellos, que responden a diferentes intereses y que pertenecen a distintas tradiciones partidarias.
Abad y Lousteau, entre los senadores en duda
Entre los diez que están en duda se encuentran los radicales Maxi Abad de la provincia de Buenos Aires y el porteño, Martín Lousteau.
Abad preside el comité bonaerense de la UCR y se abstuvo en la votación del decreto Nª 70/23 que liberó la economía y fue el más importante que firmara Milei hasta la fecha.
Suele ser un nexo con ese capital contante y sonante que tiene la UCR que son las intendencias gobernadas por el partido fundado por Leandro N. Alem y la presencia que posee en cada pueblo bonaerense que posee algún comité con los gobernadores radicales que se sumaron a la prédica liberal del gobierno de La Libertad Avanza.
Si fuera por su ánimo, Martín Lousteau votaría todo en contra, porque su relación personal con Milei ya no tiene vuelta atrás. Son demasiado diferentes las concepciones ideológicas de los dos duelistas y son fuertes los agravios que se dedican, en ocasiones por interpósitas personas como son los twitteros, como para fumar una pipa de la paz.
El Gobierno y la oposición necesitarán del voto de Lousteau para definir sus respectivos objetivos.
Sin embargo, los contactos subterráneos de los negociadores de la Casa Rosada continúan con los de la agrupación del senador porteño, Evolución, cuyos integrantes están más interesados en sostener las cajas de la universidad de Buenos Aires que en diferencias de visiones para el futuro de la Argentina.
Javier Milei negocia a contrarreloj con gobernadores
Otro de los legisladores radicales que está en duda es el senador Pablo Blanco que tuvo un verbo inflamado contra las políticas libertarias que según su visión afectan a su provincia, Tierra del Fuego. Suele referenciarse en las posiciones de Gerardo Morales y ya aviso que se pronunciará a último momento cuando se traten los proyectos en comisiones.
Pero lo cierto es que las divisiones entre los radicales en el Senado ya comenzaron y ni siquiera se ponen de acuerdo para dialogar con los cinco gobernadores de ese partido.
Abad intentará armar una reunión con los mandatarios provinciales, Maxi Pullaro de Santa Fe, Alfredo Cornejo de Mendoza, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero del Chaco y Gustavo Valdés de Corrientes, a la que Martín Lousteau ya puso reparos para su concurrencia. No es novedad su mala relación con el gobernador correntino.
La senadora del PRO que responde a Horacio Rodríguez Larreta, al menos hasta que se trate esta norma, Guadalupe Tagliaferri está deshojando la margarita y quiere interrogar a los funcionarios menos locuaces de Milei que deberán defender las iniciativas en las comisiones.
La joven senadora santacruceña, Natalia Gadano, de 41 años, también proviene del PRO pero está interesada en que su provincia, gobernada por el sindicalista del petróleo, Claudio Vidal, admirador de Putin, alcance un acuerdo por Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).
El radical Maximilano Abad no definió su postura de cara a la Ley de Bases: tiene previsto reunirse con gobernadores.
El Gobierno de Milei planea bajar dos pájaros de un solo tiro, porque apuesta a convencer al gobernador Vidal que sugiera a Gadano y ordene a su socio, José María Carambia, que voten a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal, si cede los yacimientos carboníferos para que los administre la provincia.
YCF fue incluida entre las empresas a privatizar en la modalidad de capital mixto. Las acciones de la Nación podrían ser cedidas a la provincia de Santa Cruz y con esa moneda de cambio Milei conseguiría los votos que anhela.
Mas difícil es la posición del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, quien está más cerca de votar en contra de la ley en general, pero que está sufriendo una importante presión de los lobistas mineros que no verían esa actitud con buenos ojos. El régimen de incentivos para grandes inversiones parece redactado para esa industria extractiva.
La senadora neuquina, Lucila Crexell, que fue votada en la boleta de Juntos por el Cambio en 2019, está en consulta con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, que está interesado en el régimen de incentivos, pero también en las reformas energéticas que promueve la administración central.
Desde la mesopotamia, llegan otros dos senadores cuyos votos afirmativos pueden ser vitales para las aspiraciones del gobierno nacional.
El correntino «Camau» Espínola es un independiente, que comparte bancada con Claudia Vigo de Córdoba, y que votará a favor. Eduardo Kueider, de la provincia de Entre Ríos, por su parte, tampoco decidió su voto.
El Gobierno buscará convertir en ley el mega paquete de medidas y el paquete fiscal antes de firmar el Pacto de Mayo.
Las presiones que están teniendo estos diez senadores se asemejan a aquella que viviera en el pasado el ex vicepresidente, Julio Cobos, cuando utilizó una frase rebuscada para desempatar y decirle que NO a la puesta en marcha de la Reforma 125, de retenciones móviles para la soja, el trigo y el maíz, que motivó una revuelta del campo.
«Mi voto es no positivo», afirmó y cuando se dio cuenta que no era muy claro, agregó: «Mi voto es en contra».
«Mitos del futuro próximo», titularía el escritor británico J. G. Ballard, que, además, conllevan reminiscencias del pasado reciente.