La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso un apercibimiento contra la Superliga Profesional del Fútbol Argentino por incumplir un requerimiento de información y le otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación solicitada.
El Gobierno apercibió a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino y la intimó a entregar documentación en un plazo de 10 días hábiles administrativos. La medida fue dictada por la Inspección General de Justicia (IGJ) el 20 de mayo, en el marco de la veeduría informativa dispuesta por el Ministerio de Justicia para revisar documentación societaria, contable y financiera vinculada al funcionamiento de la entidad.
La sanción consiste en un apercibimiento con publicación íntegra a cargo de la Superliga en un diario de mayor circulación nacional. No incluye multa ni intervención. La IGJ dejó asentado que la entidad incumplió el requerimiento de los veedores y dificultó las tareas de fiscalización.
La resolución, firmada por el inspector general Alejandro Ramírez, ordena además que la Superliga permita el acceso a la documentación requerida por el veedor designado. El organismo advirtió que, si la entidad no cumple dentro del nuevo plazo, podrá avanzar con sanciones mayores.
La decisión se da mientras el Ejecutivo mantiene en pausa nuevos pasos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la espera de una definición de la Justicia civil. Según fuentes oficiales, la entidad que conduce Claudio Tapia presentó una apelación contra la veeduría y el recurso fue concedido por la Cámara, por lo que prefieren aguardar ese pronunciamiento antes de avanzar con apercibimientos o medidas compulsivas.
Según consta en la resolución, el veedor Diego Coste se presentó el 7 de mayo en la sede social inscripta de la entidad, ubicada en Olga Cossettini 771, piso 4, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibido por la abogada Candelaria Moirano, quien no permitió la compulsa de la documentación e información requerida. Coste dejó un requerimiento formal y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la entidad aportara la información en soporte digital o indicara la modalidad en que sería entregada. La IGJ sostuvo que, vencido ese plazo, no había constancia de contestación ni pedido de ampliación.
La veeduría fue dispuesta por la Resolución Ministerial 188/2026 por un plazo de 180 días hábiles. El expediente se inició para relevar documentación presentada por la Superliga ante la falta de contestación de vistas vinculadas con los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2020 a 2024. La IGJ también busca compulsar decisiones económicas y financieras adoptadas por sus órganos sociales en relación con la AFA y verificar posibles inconsistencias entre el objeto social de la entidad y la actividad efectivamente desplegada.
Entre los objetivos de la veeduría figuran analizar estados contables y financieros de 2017 a 2025, con apertura amplia de cuentas y partidas, identificar actos que pudieran implicar violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos de la entidad, y recabar cualquier otra información necesaria para el ejercicio del control estatal.
La Ley 22.315 habilita a la IGJ a sancionar a asociaciones civiles, fundaciones y entidades que no provean información, entreguen datos falsos, infrinjan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el ejercicio de las funciones de fiscalización del organismo. El esquema sancionatorio incluye apercibimientos, publicación a cargo del infractor y multas.