Los Concejos Deliberantes de la Capital y de La Banda aprobaron un nuevo incremento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, llevando el boleto a $1.390. La medida aún no está vigente, pero se aplicará una vez promulgada la ordenanza o tras el plazo legal de 10 días.
En una decisión que vuelve a poner en tensión la economía cotidiana de miles de santiagueños, los Concejos Deliberantes de la Capital y de La Banda aprobaron un nuevo incremento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, llevando el boleto a $1.390. Si bien la medida aún no está vigente, se aplicará una vez que la ordenanza sea promulgada o, en su defecto, tras cumplirse el plazo legal de 10 días sin objeciones del Ejecutivo municipal.
La suba, que representa un aumento del 22% —unos $250 más respecto al valor anterior—, fue aprobada en una sesión con fuerte debate político en la Capital. Allí, el oficialismo logró imponer la iniciativa con seis votos a favor, mientras que cuatro concejales de bloques opositores, entre ellos Frente Cambiemos y Libres del Sur, votaron en contra.
En simultáneo, el mismo esquema tarifario fue aprobado en la ciudad de La Banda, consolidando un incremento uniforme en el servicio que comparten ambas jurisdicciones.
Golpe directo al usuario
Más allá de los argumentos técnicos y financieros expuestos durante el debate, lo concreto es que el aumento impacta de manera directa en el bolsillo de los usuarios, especialmente en trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público a diario.
En un contexto económico complejo, donde el costo de vida mantiene una tendencia alcista, el incremento del boleto representa un nuevo ajuste que se suma a otros servicios esenciales, reduciendo el poder adquisitivo y obligando a reorganizar gastos básicos.
Para muchos usuarios frecuentes, el traslado diario implica ahora un gasto significativamente mayor a lo largo del mes, lo que reaviva el reclamo por mejoras en la calidad del servicio y mayor previsibilidad en la política tarifaria.
Argumentos del sector
Durante el tratamiento del proyecto, representantes del sector empresario justificaron la actualización tarifaria al señalar que el sistema atraviesa una fuerte presión económica. Entre los principales factores mencionados se encuentran la quita de subsidios nacionales, el aumento sostenido de los costos operativos —como combustible e insumos— y las recientes recomposiciones salariales del sector.
Según indicaron, este escenario torna “inevitable” la adecuación del precio del boleto para garantizar la continuidad del servicio.
Beneficios que se mantienen
En contrapartida, el Concejo Deliberante de la Capital ratificó la continuidad del abono estudiantil primario y los beneficios destinados a personas con discapacidad, asegurando la vigencia de estos esquemas de asistencia social en medio del nuevo cuadro tarifario.
No obstante, el impacto general del aumento vuelve a instalar el debate sobre el equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la accesibilidad del servicio, en una provincia donde el transporte público sigue siendo un pilar fundamental para la movilidad urbana.