La Justicia abrió un expediente paralelo para investigar una pintada intimidatoria en el frente de la vivienda de la pareja umbanda detenida, acusada de abusar sexualmente de dos niñas en Santiago del Estero.
La Justicia de Santiago del Estero abrió un expediente paralelo a la causa principal por presuntos abusos sexuales a dos niñas, para investigar amenazas directas contra el sospechoso y sus padres, miembros del culto umbanda. Se trata de una pintada en el frente del domicilio familiar, ubicado en el barrio Juan Díaz de Solís Ampliación de esta capital.
La leyenda intimidatoria fue descubierta cuatro días después de las detenciones. Se encuentra justo en la puerta de entrada a un garaje y advierte: “Se van por las buenas o por las malas”. La amenaza apareció luego de que trascendiera la noticia de la detención de la pareja umbanda y su hijo de 16 años, imputados por vejámenes contra dos menores.
El pasado martes 21 de abril, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda en cuestión y procedió a la detención del matrimonio y del adolescente. La hipótesis fiscal, sostenida por evidencias recolectadas, sugiere la existencia de numerosos videos que registrarían los abusos por parte del adolescente hacia las dos niñas.
Mientras la Justicia intenta identificar a los autores de las amenazas, la investigación principal sigue su curso. Trascendió que el próximo martes será una jornada clave, ya que está programada la realización de la Cámara Gesell para escuchar el testimonio de las dos niñas víctimas. De esta instancia participarán las fiscales de la causa, los abogados defensores de la familia, Ricardo Luna y José Ramón Freytes, y se prevé la posible incorporación al proceso de abogados querellantes en representación de las menores.
Fuentes cercanas a la defensa indicaron que no descartan solicitar formalmente asistencia psicológica urgente para el joven, dado que habría presentado indicios de un cuadro de depresión e intentos de autolesión. Los rumores apuntan a que la defensa podría requerir la internación del adolescente en un centro de salud mental para su resguardo y tratamiento.
Por último, los peritos informáticos analizan el contenido del teléfono celular incautado a los padres. La sospecha de la fiscalía es que ese dispositivo habría sido utilizado para grabar los presuntos vejámenes a los que fueron sometidas las dos menores.