Un fallo judicial dispuso el desalojo de la histórica Unidad Turística de Chapadmalal, mientras el Gobierno avanza con un plan de concesión privada por 30 años, generando incertidumbre entre las familias de trabajadores que residen en el lugar.
La histórica Unidad Turística de Chapadmalal, un emblema del turismo social en Argentina, se encuentra en el centro de un conflicto judicial y político. La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó el desalojo del complejo, mientras la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a unos 50 trabajadores a abandonar las viviendas que ocupan dentro del predio en un plazo de diez días.
El objetivo del Gobierno nacional, según anunció previamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es otorgar una concesión por 30 años a inversores privados para restaurar la infraestructura y eliminar el déficit que, según cifras oficiales, representaba una pérdida millonaria para el Estado. La medida afecta directamente a más de 30 familias que residen en los pabellones de mantenimiento desde hace décadas.
Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE, expresó el malestar del sector y aclaró que las casas fueron cedidas por el Estado como parte de sus condiciones de trabajo. Los empleados adelantaron que no abandonarán las viviendas sin la firma de un juez y denunciaron que la AABE no es su empleador directo. Marco Ruiz detalló que los sueldos del sector oscilan entre los 500 mil y el millón de pesos, lo que dificulta a las familias costear un alquiler externo de forma inmediata.
El trasfondo del desalojo es el plan de licitación impulsado por la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, para la venta o concesión de Chapadmalal y su par cordobés, Embalse. El Gobierno sostiene que el Estado no debe dedicarse a la hotelería, actividad que consideran puramente privada, y señala que los complejos generaban pérdidas de hasta 10 millones de dólares anuales.
Como contrapropuesta, la senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración, con el fin de preservar el modelo de turismo social fundado en la década del ’50.
Inaugurada bajo la presidencia de Juan Domingo Perón y construida con aportes de la Fundación Eva Perón, la Unidad Turística cuenta con nueve hoteles de tres pisos a la vera de la Ruta 11. Durante 70 años, fue el destino principal para que familias de clase trabajadora accedieran a vacaciones en la costa atlántica.
Actualmente, el gremio ATE ha presentado un recurso de amparo para frenar el desalojo por la fuerza pública, mientras crece la incertidumbre entre los empleados, cuya continuidad laboral dependerá exclusivamente de la inversión que hagan los privados en caso de concretarse la licitación.