Tras la muerte del financista Martín Maldonado, un abogado confirmó que presentará denuncias contra socios de una firma local por supuestas maniobras de estafa y retención indebida de fondos.
La investigación judicial por una presunta defraudación vinculada a una firma financiera de Santiago del Estero avanza hacia la instancia penal. El abogado querellante, Dr. Diego Lindow, confirmó que se encuentran en condiciones de presentar denuncias contra los socios de la empresa, tras detectar maniobras que podrían configurar delitos de estafa y retención indebida de fondos.
El caso tomó estado público tras la muerte de Martín Maldonado, financista de 50 años hallado sin vida días atrás en el barrio privado El Timbó. La autopsia determinó que se trató de un suicidio y descartó la intervención de terceros. A partir de ese hecho, emergieron reclamos de inversores que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero a la firma.
En declaraciones a un medio local, el Dr. Lindow detalló uno de los casos que representa: un inversor que, tras la venta de un campo, habría colocado 200 mil dólares en la empresa «AUM Inversiones», mediante un contrato formal. Según explicó, el acuerdo contemplaba el pago mensual de intereses, los cuales se abonaron regularmente al principio mediante transferencias bancarias identificables.
El conflicto se desencadenó cuando la firma dejó de abonar los intereses y no restituyó el capital. Ante la intimación formal, desde la empresa se habría desconocido la operación, argumentando falta de registros. «Es una afirmación que contradice la evidencia, porque todo está documentado y bancarizado», sostuvo el letrado.
Otro punto bajo investigación es el cierre de las oficinas comerciales de la firma, que operaba en un edificio céntrico. Los denunciantes encontraron las oficinas desocupadas y el domicilio legal cambiado a una casilla de correo, lo que, según la querella, dificulta los reclamos.
Tras la muerte de Maldonado, otros integrantes de la sociedad quedaron al frente. El Dr. Lindow afirmó que se avanzará legalmente contra quienes continúan en la empresa, ya que «no pueden escudarse en la muerte de uno de los socios para desconocer las deudas».
Los delitos que se analizan incluyen estafa y retención indebida de fondos. El monto total de los reclamos informales superaría los 500 mil dólares, una cifra que podría aumentar a medida que avance la investigación. El caso será ahora analizado por la Justicia mientras los inversores buscan recuperar su dinero.