Una investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad analiza el origen de fondos destinados a un evento del Presidente Milei y posibles desvíos millonarios del Programa Incluir Salud.
La Justicia federal avanza en una investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, según informes periodísticos, podría vincular el financiamiento de un acto político del presidente Javier Milei con un esquema de presuntas irregularidades en la compra de insumos de alto costo.
La fiscalía a cargo del caso sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se habría montado un mecanismo que desvió alrededor de 75.478 millones de pesos de las arcas públicas. Estos fondos pertenecían al Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad.
Según la investigación, el esquema habría involucrado el direccionamiento de licitaciones de prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas (insumos PACBI). Empresas del sector salud beneficiadas con estos contratos estarían bajo la lupa judicial.
Un audio difundido por el periodista Raúl Kollmann revela una presunta conversación donde se menciona que empresarios farmacéuticos investigados habrían aportado 70.000 dólares para costear el alquiler del Movistar Arena. En ese lugar, el 6 de octubre de 2025, el presidente Milei presentó su libro y ofreció un show musical, días antes de las elecciones generales.
La Justicia ha solicitado el llamado a indagatoria para más de veinte personas, incluyendo al director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a varios empresarios señalados como articuladores entre el sector público y las empresas proveedoras. Más de 30 firmas están siendo investigadas por posible filtración de información privilegiada y coordinación de precios.
Desde el entorno del presidente Milei se ha rechazado tajantemente toda vinculación, calificando las acusaciones como «operaciones políticas» en un año electoral. La causa judicial ya cuenta con 19 personas procesadas y un pedido formal para sumar a otros 20 involucrados.
Lo que comenzó como una investigación por irregularidades administrativas en la entrega de pensiones se ha transformado en una causa que abarca posibles maniobras de corrupción estructural, mezclando la gestión de fondos para la salud con el financiamiento de actividades políticas.