Una denuncia penal por corrupción en el arbitraje de fútbol fue ampliada para incluir nuevas figuras, según informó el legislador porteño Facundo Del Gaiso. La presentación judicial ahora abarca al árbitro Jorge Nelson «Chino» Sosa y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Ariel Toviggino.
Nuevas incorporaciones a la causa
La ampliación de la denuncia se produjo luego de que un medio nacional publicara presuntas irregularidades. Según la información divulgada, el árbitro Sosa habría recibido dinero de Juan Pablo Beacon, ex presidente del Consejo Federal, para favorecer al Club Atlético Barracas Central en un encuentro frente a Belgrano, correspondiente a la Primera Nacional del año 2020.
En su escrito, el legislador sostuvo que estos hechos podrían configurar delitos como estafa y otras defraudaciones. La denuncia original, presentada en marzo ante el juez Ariel Lijo, estaba dirigida contra el árbitro Luis Orlando Lobo Medina, por un partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero en 2021.
Contexto de presuntas irregularidades
En los últimos meses, han salido a la luz varios casos de arbitrajes que están bajo sospecha de manipulación. Además de los ya mencionados, se han señalado situaciones vinculadas a otros árbitros como Fernando David Espinoza y Adrián Franklin.
La investigación también menciona a Federico José Beligoy, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros y director nacional de arbitraje de la AFA, cuyas actuaciones fueron objeto de un reportaje periodístico exclusivo.
Trámite judicial en curso
La denuncia inicial contra Lobo Medina quedó registrada bajo el número CFP 1160/2026. En ella se investiga la posible comisión de delitos contra la propiedad privada. El legislador Del Gaiso, referente de la Coalición Cívica, ha remarcado en sus presentaciones la gravedad de los hechos denunciados y su impacto en la integridad del deporte.
El caso pone nuevamente bajo la lupa el sistema arbitral del fútbol argentino, en particular de las categorías menores, donde se habrían producido estas presuntas manipulaciones. La justicia federal deberá ahora determinar la procedencia de las acusaciones y la posible existencia de una red de corrupción.