El juez federal Sebastián Casanello avanzó este martes con una nueva resolución en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese marco, procesó a la empresa vinculada al broker Héctor Martínez Sosa, señalado como amigo personal del exmandatario, al considerarla partícipe necesaria del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y dispuso el embargo de bienes y dinero.
La decisión judicial también alcanzó a otras compañías del sector asegurador, a las que se les atribuye no haber activado mecanismos de control internos que permitieran prevenir los hechos investigados. En la misma resolución, Casanello procesó al ex administrador general de la Quinta de Olivos, Hugo Rodríguez, a quien acusó de facilitar encuentros entre Martínez Sosa y el entonces Presidente sin dejar registros formales y con conocimiento del «plan criminal», según surge del fallo.
Escándalo de los seguros: la participación del administrador de Olivos
Rodríguez fue señalado por la Justicia como una pieza fundamental en el vínculo entre el empresario y el exjefe de Estado. De acuerdo con la resolución, actuó como nexo operativo, facilitando reuniones y comunicaciones que habrían permitido ejecutar la maniobra investigada y sostener el conflicto de interés.
Para los investigadores, el exadministrador permitió el ingreso a la Residencia Presidencial de Olivos de Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien por entonces se desempeñaba como secretaria privada del presidente Fernández. Al menos uno de esos ingresos se habría producido el 7 de agosto de 2020, cuando se concretó un encuentro personal entre el empresario y el exmandatario en su despacho. Ese episodio, documentado con una fotografía, fue incorporado al expediente como prueba del vínculo personal entre ambos.
El fallo detalla además otros episodios relevantes. Entre el 25 de febrero y el 3 de marzo de 2022, Rodríguez habría coordinado una reunión entre Martínez Sosa y Alberto Fernández a pedido expreso del primero. El objetivo, según la resolución, era ejercer influencia sobre el entonces Presidente para garantizar la continuidad en el cargo del exdirector de Nación Seguros S.A., Gustavo Carlos García Argibay.
«Cada una de las intervenciones de Rodríguez vino acompañada de un profundo conocimiento del plan criminal de la pareja, así como de un consentimiento expreso de cooperar con él», sostuvo Casanello en su resolución. En esa misma línea, el juez afirmó que el exfuncionario «sabía del conflicto de interés, sabía de su aprovechamiento para obtener contratos con el Estado y colaboró con ello», integrándose así al esquema delictivo.
Rodríguez fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Además, se le impuso un embargo por 787.997.801,56 pesos.
El alcance de la investigación sobre las contrataciones de seguros
En el segundo tramo de la causa, la investigación avanzó sobre la responsabilidad de las empresas involucradas en la operatoria. El juez puso el foco en el rol de las personas jurídicas dentro de una maniobra destinada a beneficiar de manera indebida a determinadas productoras y compañías aseguradoras mediante el aprovechamiento de situaciones de conflicto de interés.
Según recordó Casanello, los hechos tuvieron como marco el decreto 823/2021, dictado por Alberto Fernández, que obligaba al sector público a contratar sus seguros de manera exclusiva con Nación Seguros S.A.. Ese contexto habría sido utilizado por «funcionarios infieles» para contratar de modo irregular -y desviando el interés general- a ciertos productores de seguros (bajo las figuras de asesores directos, organizadores y masters) en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.; así como a empresas de seguros como coaseguradoras en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.».
En ese esquema, Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., representada por el propio Martínez Sosa, fue identificada como beneficiaria de comisiones por $416.546.348,81. Para el magistrado, la existencia conocida de vínculos personales entre la máxima autoridad de la empresa y el titular del Poder Ejecutivo Nacional constituía un indicador de alto riesgo, que debió haber activado controles internos reforzados.
La resolución sostiene que las personas jurídicas imputadas obtuvieron beneficios indebidos en perjuicio del erario público y que sus autoridades permitieron la actuación ilícita de sus dependientes al no implementar programas de integridad o sistemas de compliance adecuados. En la causa interviene el fiscal federal Carlos Rívolo, quien acompañó el avance de las imputaciones.
Además de la firma de Martínez Sosa, la Justicia dispuso el procesamiento de otras empresas del sector, entre ellas Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. En el caso de San Cristóbal, los beneficios atribuidos ascienden a $2.022.318.533,52, mientras que en las restantes compañías se investigan montos también significativos.
El fallo concluye que las empresas «toleraron las conductas desplegadas por sus autoridades y no implementaron sistemas efectivos de prevención de ilícitos», consolidando así un nuevo avance judicial en una causa que ya tiene procesados al ex presidente, al broker involucrado y a otros exfuncionarios.