El Gran Hermano comienza a estar conforme. Y preocupado a la vez. A poco de definirse el cronograma en el que se organizará la primera misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires para aprobar, waiver incluido, los números y porcentajes de 2025, los fiscalizadores del acuerdo de facilidades extendidas vigente aplauden que, finalmente, el Banco Central esté comprando dólares. En realidad, no había otra opción para el frente criollo. Pero la diferencia es que ahora, desde la entidad monetaria, se comenzó a hacer caso a lo que ordenan desde Washington en este capítulo.
Como contrapartida, hay un dato que preocupa –y mucho– a las oficinas de control del FMI. La persistente inflación de los últimos meses, estacionada por encima del 2%, pone el foco en una variable que viene complicando al Gobierno hacia el cierre de 2025: la recaudación impositiva. Considerada por el Fondo como la cuarta variable de importancia en el cumplimiento del programa –luego del superávit fiscal, la no emisión monetaria y la acumulación de divisas en el Central–, la recaudación viene ubicándose por debajo del IPC desde hace cuatro meses. El mantenimiento de la inflación por encima del 2% complica que los ingresos tributarios se ubiquen en un nivel real positivo. Y si la tendencia continúa durante 2026, el panorama se volverá tenso.
El Banco Central viene completando jornadas de compras de divisas como nunca había mostrado durante el gobierno de Javier Milei. Días como el miércoles pasado, con adquisiciones por unos US$ 187 millones, llevaron el nivel de reservas a despegarse firmemente de los US$ 44.000 millones. Se está cumpliendo ahora lo que, en realidad y para el FMI (además del grupo denominado “mandril”), se debió haber ejecutado en el primer semestre de 2025, pero se evitó desde Buenos Aires por motivos, quizá, más ideológicos que técnicos.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La situación enojó al FMI, que pacientemente esperó el momento adecuado para actuar. Esto ocurrió finalmente luego de la victoria electoral legislativa de octubre, cuando desde Washington se expuso sin eufemismos la posición del organismo financiero internacional. Antes, el Presidente había hablado en un seminario privado durante la primera semana de diciembre, afirmando que “cualquier apreciación” que los economistas hagan del tipo de cambio “es berreta”, y apuntó contra “tres o cuatro atorrantes del círculo rojo”, a quienes les atribuyó haber “vivido de empobrecer a la Argentina”.
El mismo evento fue abierto por Luis “Toto” Caputo, quien dio más precisiones técnicas sobre la visión oficial en torno a la acumulación de reservas y la compra de divisas. El ministro aseguró que el Gobierno podría comprar entre US$ 7.000 y hasta US$ 20.000 millones en reservas durante 2026, siempre que aumentara la demanda de pesos, y que el objetivo era hacerlo “sin tener que esterilizar” ni generar inflación. Esto no ocurrió. No se generaron pesos, las tasas de interés subieron y la inflación se sostuvo alta para los parámetros libertarios. Sin embargo, ahora se compran reservas. Sí o sí. Por orden del Gran Hermano, que exige que se cumplan las consignas pactadas.
Lo que se interpretó en diciembre pasado desde Washington –casa matriz del plan económico argentino– es que, una vez más, Javier Milei y su equipo económico no tienen fanatismo alguno por coincidir con la visión de casi todo el resto del mundo. Incluyendo, además del FMI, al Tesoro de los Estados Unidos, a bancos internacionales como JP Morgan (que también protestó esa semana por la falta de incremento en las reservas), a economistas locales –los antiguos “mandriles”, hoy menos mencionados por Milei– y a buena parte de la ortodoxia económica y financiera del país. En definitiva, todos contra uno.
Lo que se criticó fue la falta de vocación oficial por acumular reservas. El Gran Hermano observaba con preocupación, y ya sin paciencia, cómo un artículo fundamental del acuerdo de Facilidades Extendidas estaba lejos de cumplirse, aparentemente sin intenciones oficiales de corregirlo.
Todos sabían que la meta para 2025 de un saldo positivo de US$ 2.400 millones en reservas internacionales netas no se iba a cumplir. Tampoco el segundo objetivo, que flexibilizó la meta original hasta un rojo de US$ 2.600 millones tras el severo incumplimiento de mitad de año. El desvío final se ubicó en los US$ 6.000 millones, lo que obliga al FMI a otorgar un waiver al país. Algo siempre negativo, pero más aún en el primer año de vigencia de un acuerdo.
Esto quedó claro en la segunda semana de diciembre, cuando la vocera del Fondo, Julie Kozack –exjefa de misión para la Argentina– habló sin eufemismos:
“En este momento, alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío”.
“Reservas más sólidas son necesarias para reforzar la estabilidad macroeconómica ya lograda y fortalecer la resiliencia de Argentina frente a shocks externos”.
“Sin reservas suficientes, el país no podrá reacceder oportunamente a los mercados internacionales de capital”.
“Argentina debe implementar un marco monetario y cambiario coherente, con aportes más ambiciosos para acumular reservas”.
“El Gobierno debe aprovechar la ventana de oportunidad para ordenar el esquema macroeconómico”.
“Pese a los avances en inflación y pobreza, la acumulación de reservas sigue siendo esencial”.
Así habló el Gran Hermano.
Finalmente, y a un mes de aquel llamado al confesionario, desde Buenos Aires se revirtió la conducta irredenta y comenzó la compra de divisas a un ritmo más que respetable, incluso antes del ingreso pleno de la cosecha sojera 2026, que promete ser positiva, aunque sin fanatismos.
Pero el Gran Hermano de Washington observa otro problema. La recaudación impositiva general se viene ubicando entre 1 y 5 puntos porcentuales por debajo de la inflación, lo que implica ingresos reales negativos para el sector público nacional. Una brecha que, de sostenerse, deberá corregirse con mecanismos inflacionarios o recesivos.
El problema se agravó con el dato final de inflación de diciembre de 2025, que se ubicó en un incómodo 2,8%. Un nivel que no solo no ayuda a recomponer la recaudación en términos reales, sino que profundiza el desequilibrio y retrasa la recuperación. Para el FMI, así como debe haber superávit fiscal, la recaudación también debe crecer por encima del IPC y con la mayor brecha posible. Una orden que hoy no se cumple y que al Gran Hermano molesta abiertamente.
El Fondo aprobará 2025, pero impondrá condicionamientos más duros sobre la política fiscal del oficialismo, especialmente en materia de ingresos. Algo que complica la idea libertaria de avanzar en 2026 con una reforma impositiva orientada a reducir la presión tributaria. Más allá del intento del Gobierno por mostrar los datos de inflación como un logro anual, el Gran Hermano no comprará ese relato. Y seguirá mirando otra realidad, sobre todo si –como todo indica– 2026 empezó igual que terminó 2025.