La minera multinacional australiana Rio Tinto, la segunda más grande del mundo -detrás de la también australiana BHP- apelará ante la Justicia el procesamiento y embargo de su subsidiaria Minera del Altiplano y de su director de Operaciones en Argentina, Federico Mancuso, acusados de presunto «contrabando» por incurrir en subfacturación de exportaciones para pagar menos impuestos en la Argentina.
El procesamiento y embargo fue dictado el 4 de agosto por el Juzgado Penal en lo Económico Nro 4, que investigó la causa «Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415».
Allí se denunció que Minera del Altiplano S.A. -a cargo del proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, y de Sales de Jujuy en la Puna- habría evadido impuestos por declarar precios de venta al exterior del carbonato de litio significativamente menores que los valores internacionales entre 2022 y 2023.
En 2022, exportó a precios de entre 6.410 a 9.060 dólares por tonelada, mientras que en 2023 llegó a vender a US$ 11.300. La Justicia recordó que en junio de 2022 el mineral ya valía más de US$ 44.000.
Minera del Altiplano era controlada entonces por la estadounidense Livent, minera que a mediados de 2023 se fusionó con la australiana Allkem para formar Arcadium Lithium, sociedad que a su vez fue adquirida a fines de 2024 por Rio Tinto, que heredó el contratiempo legal.
Mancuso, acusado de liderar la operación, declaró ante la Justicia que los contratos de venta de litio no se ejecutan con los precios «spot» del mercado, que en 2022 llegaron hasta los 80.000 dólares por tonelada, sino que se realizan «a plazo», y es por eso que eran menores que la referencia de aquel entonces.
En una declaración oficial de Rio Tinto compartida a Clarín, la empresa señala que «reconoce y respeta la normativa aplicable a este tipo de procesos judiciales en Argentina y tiene el compromiso de cumplir plenamente con ella». «Sin embargo, consideramos que estos cargos carecen de fundamento y sostenemos firmemente que no se ha cometido ninguna irregularidad», agregaron.
«Los cargos se basan en planteos realizados por una persona sin vínculos directos con nuestra compañía, y no por las autoridades aduaneras, personas fiscales o cualquier otra autoridad. Hemos tomado las medidas legales y procesales pertinentes para defender nuestra posición y estamos trabajando para resolver este asunto lo antes posible», concluyeron en Rio Tinto.
El denunciante es Pablo Rutigliano, que fundó a título personal la Cámara Argentina del Litio y la Cámara Latinoamericana del Litio, y fue denunciado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por un presunto fraude con la criptomoneda Atomico 3, con la que prometía respaldar operaciones sin un sustento real.
Rio Tinto tiene uno de los 7 proyectos que aprobó el Gobierno para proteger sus derechos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La minera desembolsará unos US$ 2.700 millones en los próximos años para extraer 60.000 toneladas de carbonato de litio por año en Rincón, Salta, y generar exportaciones por unos US$ 5.000 millones anuales.
El miércoles pasado, el presidente Javier Milei recibió en su despacho de Casa Rosada al saliente CEO del Río Tinto Group, Jakob Stausholm, y al entrante CEO, Simon Trott.