Una vez más el presidente Javier Milei enfrenta un escenario adverso en el Congreso, con un paquete de proyectos impulsados por los bloques opositores que, según el Gobierno, tienen un impacto fiscal imposible de afrontar, pero que en realidad obligan al oficialismo a entrar en una discusión incómoda sobre el orden de prioridades de su plan económico.
La Casa Rosada intentó evitar que los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, Coalición Cívica y otros tuvieran quórum para sesionar este miércoles, pero fracasó. A las 12:20 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a abrir el debate con 135 legisladores sentados en sus bancas.
Dentro de la extensa agenda de temas que impulsó la oposición los dos principales son el proyecto de financiamiento de las universidades y la emergencia en pediatría, que propone asignar recursos de forma «inmediata» al sector y contempla epecialmente la crisis del Hospital Garrahan. Son los únicos con dictamen y en condición de pasar al Senado con media sanción.
El oficialismo acusa «oportunismo» por tratar temas socialmente sensibles como estos a pocos días del inicio de la campaña electoral. «Siempre algo de eso hay», admite por lo bajo una fuente opositora ante iProfesional. Pero más que eso, lo que buscan es instalar la controversia sobre el plan económico del Gobierno, con planteos como «hay plata para la Sociedad Rural o para la SIDE pero no para las universidades o la salud».
De cualquier manera, el cuadro general de situación es molesto para el gobierno de Milei, tanto por la discusión -que empieza a volverse permanente y repetitiva- sobre su programa de equilibrio fiscal «innegociable» como por la cada vez más notoria pérdida de control sobre la agenda del Congreso por parte del oficialismo.
Otra pulseada difícil para Javier Milei: ¿qué impacto fiscal tendría el proyecto sobre el Garrahan?
Además del oportunismo electoral, La Libertad Avanza afirma que la oposición quiere «dañar el rumbo económico» del Gobierno para generar inestabilidad y provocarle un daño político irreversible.
Los proyectos, si se aprueban en Diputados y luego en el Senado, efectivamente alteran las cuentas del Gobierno, aunque su impacto fiscal real es impreciso. Esto se debe a que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que suele elaborar esos informes a pedido de los legisladores solo analizó esta vez el proyecto sobre el Hospital Garrahan.
Según ese informe, la iniciativa que declara la emergencia en pediatría por dos años, contempla una «asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios» al sector y declara al Garrahan como «hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad» implica un gasto anualizado de más de $133 mil millones.
Ocurre que el proyecto establece además una recomposición salarial del personal de salud -incluidos los residentes- que «no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023» y una exención en Ganancias cuando cumplan con actividades críticas, horas extras y/o guardias.
El informe señala que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 «implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones«, que anualizado «alcanzaría 133.433 millones».
Financiamiento universitario: dudas sobre el costo en Diputados, mismo problema para el Gobierno
El proyecto sobre las universidades fue impulsado por los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propone actualizar por inflación y de forma automática los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, al tiempo que ordena convocar a paritarias para recomponer el salario del personal docente y no docente.
Con esto tema, el problema es que no hay un informe de la OPC porque los diputados no lo pidieron y tampoco los rectores de las universidades hicieron el cálculo, según deslizó a este medio una fuente opositora. El único número que hay sobre el impacto fiscal de este otro proyecto es 0,19% del PBI, pero es una cuenta extraoficial.
En otros bloques apuntan que cuando la misma iniciativa se trató en 2024 (Milei la vetó) la OPC informó que el impacto era de 0,14% del PBI por lo que este año sería «más o menos lo mismo, pero con el Producto Bruto actualizado«. Pero ante la falta de un número preciso, el oficialismo y la oposición arrojan diagnósticos distintos.
En el sector de la UCR más ligado a las universidades señalan que, con el informe anterior actualizado por la inflación de 2025, el proyecto implicaría en total un gasto adicional para el Gobeirno de poco más de un billón de pesos. Los libertarios afirman que «supera ampliamente el billón y medio».
Sin embargo, para la oposición la discusión no pasa por los números redondos, sino por la recomposición. Durante la sesión, el radical Martín Tetaz señaló: «No preguntemos de dónde sala la plata cuuando solamente estamos ajustando por inflación, no estamos creando universidades nuevas».