Artículo publicado originalmente en Huella del Sur.
El modelo Acuña: convenios, beneficios fiscales y alumnos como recursos humanos gratuitos
La reciente publicación del Informe 2428/2025 de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirma, con datos oficiales, lo que desde hace años venimos denunciando desde el campo de la pedagogía crítica: que las llamadas Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo (ACAP), no son otra cosa que un dispositivo de tercerización educativa, subordinado a los intereses del mercado y funcional a la lógica empresarial que atraviesa las políticas públicas en educación.
Estas prácticas fueron diseñadas e impulsadas por el Ministerio de Educación porteño durante la gestión de Soledad Acuña, con el aval del entonces jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y desplegaron una red de convenios con fundaciones y empresas nucleadas en el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Ya lo advertíamos en 2022: “El programa de ‘prácticas educativas’, incluido en la currícula, implica 120 horas de un estudiante ‘premoderno’ del siglo XXI, trabajando gratis, para empresas o fundaciones pertenecientes al Grupo Fundaciones y Empresas (GDFE)…”.
En marzo de ese mismo año, Acuña se reunió con más de 50 representantes del GDFE para avanzar en la implementación de las ACAP y anunciar la creación de un “sello de empresa comprometida con la educación”, que otorgaría beneficios a las instituciones que participaran del programa. Así, bajo el ropaje de la “responsabilidad social”, se consolidó un esquema en el que las empresas accedían a incentivos fiscales mientras los estudiantes eran obligados a realizar tareas gratuitas, muchas veces sin relación con su formación.
Esta política no solo no fue revisada, sino que hoy es sostenida por el actual jefe de gobierno Jorge Macri y profundizada por su ministra de Educación, Mercedes Miguel, como continuidad sin fisuras del mismo proyecto privatista. La simulación continúa, ahora con respaldo institucional y silencio político.
La Auditoría porteña como confirmación tardía de una denuncia sostenida desde el campo crítico
El Informe 2428/2025 de la Auditoría General de la Ciudad expone con precisión lo que desde hace años se viene señalando en los espacios de pensamiento y militancia pedagógica crítica: el programa ACAP no se erige como una estrategia de fortalecimiento institucional o pedagógico, sino como un dispositivo que opera por fuera de toda lógica formativa, bajo criterios de eficiencia y alineamiento empresarial.
El documento señala que, “en el 12% de las divisiones analizadas, las actividades realizadas no guardaban relación con la orientación de la división”, lo que implica una violación directa del principio de pertinencia formativa. Además, se registra un “déficit del 76% en la cobertura de vacantes en escuelas artísticas”, mientras que las escuelas normales superiores presentaron un “excedente del 747%”, sin que medie criterio pedagógico alguno que justifique ese desequilibrio. A esto se suma una exclusión estructural: “Durante el año 2023 no se asignaron vacantes a estudiantes del turno noche”.
El informe también remarca la ausencia de normativa específica que regule las condiciones en que los y las estudiantes participan de estas prácticas: “No se identificaron mecanismos de compensación económica, ni normativa específica que regule las condiciones de las actividades realizadas”. Lejos de tratarse de una estrategia de formación profesional, lo que aparece es un modelo de trabajo gratuito impulsado y legitimado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Auditoría va más allá y establece el incumplimiento de la Ley 3.541, [1] al señalar que, “las actividades desarrolladas no se ajustan a los principios establecidos en la ley, en tanto no garantizan el carácter formativo, la supervisión pedagógica ni la adecuación a los diseños curriculares”. Además, se advierte una omisión deliberada del proceso de evaluación y consulta a los actores escolares: “No se encontraron evidencias de instancias de evaluación institucional del programa ni de participación de los actores escolares en su diseño”.
Cada uno de estos puntos revela una estructura institucional que excluye a los sujetos pedagógicos (docentes, estudiantes, equipos directivos), del proceso de construcción educativa y que adopta, en su lugar, un marco de decisiones verticales, instrumentales y vaciadas de sentido. Lo que el informe presenta en registros técnicos, se enraíza en un proyecto político: tercerizar, desescolarizar y funcionalizar lo educativo como mercancía.
Lo que la Auditoría presenta como hallazgos, ya lo habíamos propuesto como diagnóstico político y pedagógico. En 2022 habíamos escrito: “La escuela como empresa requiere de estudiantes funcionales, dóciles, maleables; de un conocimiento útil para el mercado, pero prescindible para la emancipación”. Esa frase hoy resuena con más fuerza, no solo como advertencia, sino como evidencia.
Continuidades sin ruptura: Jorge Macri y Mercedes Miguel profundizan lo heredado
Los hallazgos del informe 2428/2025 de la Auditoría General no revelan una falla administrativa ni un error de implementación: dan cuenta de un diseño político deliberado, cuyas bases fueron establecidas bajo la gestión de Soledad Acuña con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta y que continúa vigente —sin fisuras— bajo el actual gobierno de Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel.
Miguel no es ajena a esta arquitectura. Formó parte del mismo engranaje político-pedagógico que impulsó las ACAP, primero desde la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y luego, como secretaria de Innovación del Ministerio Nacional durante la gestión de Esteban Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Su llegada al gabinete de Jorge Macri en la Ciudad no implicó una ruptura con el modelo anterior, sino su legitimación y profundización.
El programa de prácticas obligatorias sigue vigente, sin revisión ni evaluación pública, consolidando esa pedagogía de la simulación que ya fue descripta en “8.000 estudiantes, Endeavor…”. Vínculos ficticios con el mundo del trabajo, tareas sin contenido formativo y jornadas laborales encubiertas bajo el eslogan de «experiencia educativa».
Como señalamos, esta continuidad no es casual: “Las fundaciones empresariales no solo ocupan la escena pedagógica, sino que diseñan los sentidos y los objetivos de lo educativo como si fueran políticas públicas”. Esa captura del sentido por parte de corporaciones y la (pseudo) filantropía tecnocrática permanece intacta.
Las ACAP son solo una pieza de una maquinaria más amplia, donde la escuela deja de ser espacio de derecho para devenir en herramienta de inserción laboral precarizada. Que ese diseño persista, incluso luego de las evidencias recolectadas por un organismo de control estatal, no hace más que confirmar que el problema no es técnico, es ideológico.
La pedagogía de la simulación que persiste
La publicación del informe de la Auditoría no inaugura un conflicto, lo confirma. Lo que desde el campo pedagógico venimos señalando como parte de un proceso de mercantilización del saber, ahora queda expuesto por el propio Estado, que —tardíamente— da cuenta de las consecuencias de haber cedido el sentido de la educación a fundaciones, CEOs y gestores estudiantiles.
Las ACAP no son un programa aislado, sino la expresión sintética de un paradigma educativo que renuncia a formar sujetos críticos para producir performatividad mercantil. Una escuela domesticada, desligada del pensamiento y subordinada a la empleabilidad es la escuela que necesitan los dueños del presente.
No asistimos a un simulacro, en sentido tradicional que quienes lo protagonizan saben que no es real, sino que presenciamos una simulación en el sentido baudrillardiano [2]: una política que se presenta como verdad pedagógica, pero que enmascara su carácter de dispositivo de disciplinamiento a los intereses del mercado y de vaciamiento del sentido público de la educación. Frente a eso, pensar, escribir y denunciar no es un gesto testimonial, es una acción pedagógica.
La simulación persiste, pero también la potencia de quienes nos negamos a naturalizarla.
[1] La Ley 3.541 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 2010, crea el Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales para estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario (media, técnica, artística y normales). Esta norma establece que las prácticas deben tener carácter exclusivamente pedagógico, ser no obligatorias y estar articuladas con los planes de estudio y el Proyecto Educativo Institucional de cada escuela.
[2] Baudrillard, Jean. La transparencia del mal: Ensayo sobre los fenómenos extremos. Barcelona: Editorial Anagrama, 1991, p. 51.