El Gobierno no tomará ninguna decisión sobre la situación del sistema previsional durante este año. Y cualquier reforma en el régimen de jubilaciones deberá esperar al 2026. Sólo cuando se conozca el mosaico político que surge de las elecciones legislativas de octubre se sabrá si puede avanzar en el Congreso, la idea libertaria de crear un nuevo sistema que reformule el sistema de pago previsional, de características revolucionarias. Por ejemplo, que incluya el regreso de algún tipo de AFJP o de alternativas de administradores privados. Con jubilados y jubiladas ganadoras que cobren muy bien en el futuro con dinero manejado por traders en el mercado de capitales argentino y del exterior. Y otros pensionados que, quizá, formen parte de los perdedores fiscales de la sociedad. Pero si los números legislativos en el futuro Congreso Nacional del 2026 no dan para un esquema de cambio de esta profundidad en el sistema previsional argentino, no habrá reformas importantes en el esquema jubilatorio local. Será, a todo o nada. Como le gusta a Milei.
Y mientras tanto, no habrá que esperar ninguna modificación que cambie la situación actual. Y habrá veto si el Senado avanzara con la aprobación del proyecto de ley que desde el miércoles tiene media sanción en el Congreso, y por la cual se incrementan todas las jubilaciones y pensiones un 7,2% (excepto los regímenes especiales), además de incrementarse el bono mensual de 70 mil pesos a unos $ 110 mil mensuales, que a su vez pasará a actualizarse por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), sobre mes vencido. También será vetada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima.
En definitiva, la actual política del oficialismo sobre las jubilaciones se mantendrá firme. Incólume. Porque, además, para el Gobierno, es exitosa. Y se considera dentro del esquema libertario, que el aporte de la clase pasiva al ajuste fiscal ya se completó, y desde este año hay una mejora en el poder adquisitivo. Los jubilados hicieron su esfuerzo el año pasado. Se entiende que el 20% del logro del superávit fiscal de 1,8% en el ejercicio 2024 se logró gracias al ajuste sobre la clase pasiva. Se trata de unos US$ 5 mil millones totales. Afirman además en el oficialismo, que la política de retribuciones a los jubilados, en la comparativa con los gobiernos anteriores, resulta favorable a los libertarios. Se habla de una pérdida del poder adquisitivo del 18,5% en la gestión de Mauricio Macri, donde hubo mayor nivel de demolición en los ingresos de los jubilados. En la gestión de Alberto Fernández el resultado fue negativo, pero dual, dependiendo del tipo de retribución de la clase pasiva. Fue del 4,6% para la mínima y del 27,4% en las jubilaciones máximas. En el caso de Javier Milei, la caída global sería de 14% para la mínima, pero con un alza de 3% en la máxima. Y que estos datos de diciembre del 2024 se mantienen hoy, y que, se sostendrán durante el resto del 2025. No mejorarán, reconocen en el Ejecutivo. Pero no perderán, insisten en el mismo bando.
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Si se aprueba la reforma previsional sería el décimo cambio en 16 años
En síntesis, los hechos de los miércoles en la Plaza Congreso y la alianza política demostrada en Diputados entre legisladores del ala dura y la dialoguista para aprobar el incremento a la clase pasiva, no hará cambiar un milímetro la política que el gobierno de Javier Milei está aplicando sobre los jubilados; y que, en el mejor de los casos lo único que puede esperar los jubilados es no volver a perder. Pero la caída del 2024, se mantendrá. Y cualquier esperanza de cambio será en el 2026 si hay un triunfo electoral de Milei en octubre del 2025. Igualmente las eventuales modificaciones servirían, si resultan, para los futuros jubilados. Los actuales, mientras los libertarios manden en la Casa Rosada, y en país, la clase pasiva sólo podrá mantener lo que tienen. Pero no mejorar. Y cualquier intento en este sentido, será vetado.
En definitiva, y al menos hasta el 2026, continuará en vigencia el status quo actual, sostenido desde marzo del año pasado, donde se consagra el ajuste a los jubilados del primer trimestre del 2024, y se legaliza la indexación de las prestaciones según la evolución inflacionaria. Esta norma, definida por el propio oficialismo como un parche hasta la reforma del 2026, era a su vez una de las fórmulas aprobadas durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021, y que actualizaba haberes –mitad por los salarios y mitad por la recaudación–. El último gobierno justicialista, había arrancando su gestión con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública votada por el Congreso en diciembre de 2019 –a pocos días de la asunción de Fernández– suspendió por 180 días la fórmula de movilidad de 2017. A mediados de junio del 2020, Alberto Fernández decretó la extensión de esta suspensión por otros 180 días, es decir, hasta fines de 2020. Cambiaba así la norma que había sido aprobada por el Congreso en diciembre de 2017; que el Congreso había convertido en ley en diciembre de 2017.
Todos esos cambios reformulaban la manera de calcular las jubilaciones, impuestas por la última gran alteración estructural de las jubilaciones argentinas: la eliminación del régimen de las Administradoras de Jubilación y Pensión (AFJP) que pasaron a la historia con el regreso a la jubilación de reparto implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley se aprobó en 2008, con la sanción de la llamada “ley de movilidad jubilatoria”, a partir de la cual las jubilaciones empezaron a actualizarse automáticamente dos veces por año, en marzo y en septiembre, en base a una fórmula que se movía junto a los salarios y a la recaudación impositiva. Nuevamente, todos parches. Ninguna reforma estructural.
Desde ese cambio del 2008, hasta hoy, la clase dirigente argentina en tres gobiernos completos y lo que va del de Javier Milei, modificó, toqueteó o intentó cambiar el sistema previsional argentino en nueve oportunidades en 16 años. Si se aprueba en el Congreso la nueva reforma, sería el décimo cambio. Igual será vetado, pero implicaría un promedio de un cambio o intento de cambio cada año y siete meses. Poca seriedad en un tema, el sistema previsional de cualquier país en cualquier etapa de su historia, que necesita de la previsión y proyección de larguísimo plazo para ser creíble. Países confiables de estados sofisticados como Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil, mantienen su sistema jubilatorio desde hace treinta años, con leves y tenues retoques. Y, en general, sostienen o incrementan las retribuciones de sus jubilados.
En Argentina, desde 2008 a junio 2025 (nuevo intento), los “beneficiarios” del sistema previsional perdieron un 30% de su poder adquisitivo. Y sólo desde el 2017 hasta el mes pasado, un 17% total. La explicación sobre esta pérdida es simple. Y puede abarcarse desde dos conclusiones. La primera: un sistema previsional basado en un esquema solidario de reparto sin extras de jubilación privada, sólo se sostiene en el tiempo si la economía de un país crece sostenidamente, y la cantidad de personas que trabajan en blanco y su poder adquisitivo superan el porcentaje de incremento del PBI. Si, por el contrario, el país contrae su economía o se estanca, sólo por el nivel de incremento de los beneficiarios del sistema judicial y la cantidad de jubilados y pensionados por atender; más tarde o temprano comenzarán a aparecer los desequilibrios. Y, con el tiempo, las pérdidas en cuanto a la recaudación previsional sobre el gasto previsional. En el caso argentino, de un cierto equilibrio del 2008, se llega hoy a un bache de entre 30 y 40%. Ese es el porcentaje que la recaudación previsional no puede cubrir, y que, en consecuencia, son pesos que el sistema debe pedirle a otros recursos (en el caso argentino, IVA, Ganancias o los impuestos que se creen originalmente para la situación) para poder cumplir con las jubilaciones mínimas. Segundo: ningún sistema previsional de reparto basado en la evolución de los precios, de los salarios o uno mixto, puede sobrevivir con hidalguía un régimen monetario de inflación constante. Como el aumento de los precios siempre, inevitablemente, le produce un daño directo al poder adquisitivo; esta pérdida se traduce en un bombardeo constante sobre los salarios. Y, luego, los aportes previsionales. Finalmente se termina minando el ingreso de fondos al sistema de jubilaciones. Entre ambas condiciones, y en un esquema de reparto donde, según la época, se indexa por el alza de precios, por la de los salarios, o por un mix; la consecuencia inevitable es que las jubilaciones pierdan.
El análisis de las jubilaciones criollas se complica aún más con la complejidad del sistema. Y con la sumatoria de jubilados que llegaron a esa situación cumpliendo en tiempo y forma los pagos mensuales y anuales que requiere el sistema previsional (treinta años de aportes para jubilarse con 65 años los hombres y 60 las mujeres), sobre aquellos que sostienen algún tipo de diferencial que altere la ecuación.
El sistema previsional argentino tiene un serio problema de sustentabilidad, sufre los problemas crónicos inflacionarios de la economía argentina, carece de estabilidad política de mantenimiento; pero, fundamentalmente es injusto por lo desprolijo y la cantidad de parches que se le aplicaron en el tiempo, lo que lo convierte en poco confiable y con un nivel de gastos en regímenes de excepción que deben ser financiados por los trabajadores en blanco, tanto en relación de dependencia como independientes, en una caja, además, quebrada.
Siempre hay una solución. Según el cálculo del dinero que demanda el sistema previsional argentino, su costo llega al 10% del PBI, prácticamente el mismo porcentaje general que el nivel que destinan los países desarrollados o en desarrollo, pero serios en solventar el costo de los trabajadores pasivos. Lo que le falta, es orden. Y limpiarlo de injusticias y excepciones. Que en Argentina son muchas. Además de las moratorias, los regímenes de los diplomáticos, jueces, trabajadores públicos de cierto estándar de provincias con muy bajo aporte a la coparticipación, mineros y hasta los bailarines del Teatro Colón, entre muchos otros, cuentan con beneficios extras. En síntesis, se trata de ordenar el sistema. Con una ley de largo plazo. Una política de Estado. Algo que la clase dirigente argentina no está en condiciones de darle a la sociedad. Desde hace décadas.
No es la única. Argentina es un triste caso de un país que no crece desde el 2011 y que en 2024 completó trece años de estancamiento. Y donde los jubilados, en los últimos diez años, perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo. La esperanza que les promete Milei a la clase pasiva, es que, hacia delante, no pierdan más. Pero tampoco ganen.