El último show del Luna Park tal cual lo conocemos puede que esté en su fase de preproducción. Como si fuese un cuadrilátero, podemos ubicar en cada una de sus esquinas a sus protagonistas, a quienes dos ONG señalan por propinarse más guiños que golpes de puños.
En ese show que podríamos denominar como el dilema de la demolición o la restauración, encontramos en escena al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, Mónica Capano, sobreviviente de la gestión anterior del peronismo/kirchnerismo; y el nuevo gerenciador, Diego Finkelstein, de la productora DF Entertainment.
Cada uno en su esquina es un partícipe necesario en la denuncia que realizaron la Fundación Ciudad y Basta de Demoler, por el avance exprés del proyecto que propondría construir de cero un nuevo Luna Park. Idea que tiene un escollo para avanzar: desde 2007 el Palacio del Deporte fue declarado Monumento Histórico Nacional.
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Es ahí donde la sutilidad de las palabras demolición y restauración entra a jugar un rol fundamental en esta historia, donde las decisiones de la Iglesia y funcionarios macristas de la Ciudad y kirchneristas que quedaron en la Comisión de Nacional de Monumentos van a ser determinantes.
Tras el fallecimiento de la dueña del estadio, tía muy cercana del promotor de boxeo Tito Lectoure, el noventa y cinco por ciento de la sociedad Luna Park SA fue dejada a manos de Cáritas y la Sociedad Salesiana, y el cinco restante a un familiar. De esta forma, desde 2013 la Iglesia desde Buenos Aires a Roma, de ida y vuelta, decide los destinos de la arena porteña. Es por eso que las miradas de las ONG se posan sobre García Cuerva y Finkelstein, ya que habrían logrado misteriosamente que la Comisión Nacional de Monumentos les aprobara sin cambios y en tiempo récord el proyecto de demolición del Palacio de los Deportes.
Es que el 6 de enero pasado ese organismo, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, aprobó ese proyecto sin objeciones, descartando que se trate de una demolición y dándole a la obra el carácter de restauración. Ese sutil pero necesario juego de palabras para que la aprobación no choque de frente con la ley de conservación de monumentos históricos.
Ahora el proyecto debe ser aprobado o rechazado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, porque el Luna Park está dentro su área de protección histórica. Y finalmente por exigencia de contrato de concesión del estadio el último en decidir debe ser el mismísimo papa Francisco desde Roma.
El gobierno porteño no viene dando señales claras. En diciembre pasado, cuando se conoció el proyecto de obra por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se había opuesto, pero ahora dentro de la misma comisión nacional uno de sus vocales es el actual subsecretario porteño de Paisaje Urbano, Juan Vacas, quien votó a favor.
Este proyecto fue una de las diez ideas que analizaron sobre qué hacer con el Luna Park. Según las ONG, la idea de ampliar la capacidad del estadio de ocho mil cuatrocientos a trece mil espectadores fue determinante. Además del retiro de la cubierta, la ampliación a dos pisos y la construcción de estacionamientos subterráneos. A cambio, DF Entertainment tendría una concesión por cuarenta años.
La propia sociedad Luna Park SA emitió un comunicado con el que desmiente la demolición denunciada y reafirma su “compromiso con la preservación del valor histórico y cultural de nuestro estadio”.
La empresa dice que se dio por terminado el proceso de selección del futuro operador del estadio y asegura que “es absolutamente falso que se vaya a demoler el estadio, tal como ha circulado en algunos medios. La historia del Luna Park es una historia de transformaciones, remodelaciones y reciclaje, y esta no es más que otra etapa en este proceso de renovación continua”. Y finalmente ratificó su “compromiso con la protección del legado del Luna Park y su proyección como un espacio emblemático.