Un caso que involucra a Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha generado controversia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Según informó la entidad, se presentó una solicitud para revocar una sanción impuesta en 2012 contra Merlano por presuntas prácticas restrictivas de competencia.
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La multa, que asciende a 240 millones de pesos, ha sido objeto de debate, especialmente tras la renuncia de dos funcionarios clave de la SIC, quienes manifestaron su desacuerdo con el manejo del caso.
De acuerdo con lo reportado, la sanción se originó cuando Merlano formaba parte de la junta directiva del Acueducto de Bogotá. En ese momento, se le acusó de haber incurrido en prácticas que limitaban la competencia, lo que derivó en la imposición de la multa.
Sin embargo, Merlano ha argumentado que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades, señalando específicamente violaciones al debido proceso.
El caso de Jorge Enrique Merlano Alcocer, sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con una multa de 240 millones de pesos colombianos, ha desencadenado una crisis interna en la entidad.
Según informó Caracol Radio, dos altos funcionarios de la SIC, Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra, presentaron su renuncia el lunes 23 de diciembre de 2024, tras denunciar presiones para revocar la sanción impuesta a Merlano. Este último es señalado como un posible candidato para asumir la presidencia de Ecopetrol.
La sanción contra Merlano se remonta a su gestión como presidente de la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab), durante el controvertido cambio en el modelo de recolección de basuras impulsado por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hoy presidente de la República.
Según la SIC, Merlano habría facilitado prácticas restrictivas de la competencia al excluir a empresas privadas del modelo de recolección, lo que derivó en sanciones no solo para él, sino también para otros funcionarios de la administración de Petro y entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos, decidieron abandonar sus cargos tras rechazar la solicitud de revocatoria de la sanción presentada por Merlano. Según detalló el medio radial, ambos funcionarios habrían sido presionados para aceptar la petición, lo que generó un conflicto ético que los llevó a dimitir.
La solicitud inicial de Merlano, presentada el 3 de noviembre del año pasado, argumentaba que la sanción violaba el debido proceso, amparándose en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, el Comité de Conciliación de la SIC, del cual formaban parte Sánchez y Sierra, concluyó el 9 de diciembre que no existían fundamentos legales para aceptar la revocatoria.
Posteriormente, Merlano presentó un nuevo recurso, esta vez alegando un “agravio injustificado” y señalando que la sanción le dificultaba acceder a oportunidades laborales.
El 18 de diciembre, Sánchez y Sierra se declararon impedidos para continuar participando en el proceso, argumentando que ya habían emitido un concepto previo sobre el caso. Sin embargo, otros miembros del comité también presentaron sus propios impedimentos, aunque de manera extemporánea, lo que complicó aún más la situación interna en la SIC.
El caso de Merlano no solo ha generado controversia por las implicaciones legales, sino también por sus conexiones políticas y familiares. Merlano es tío en segundo grado de la primera dama, Verónica Alcocer, y figura como un asesor cercano al presidente Petro en temas de servicios públicos.
Estas relaciones han alimentado especulaciones sobre un posible intento de despejar el camino para su nombramiento como presidente de Ecopetrol, una posición estratégica en el país.