La indignación crece en el Perú tras el brutal asesinato de Sheyla Cóndor, un caso que ha encendido las alarmas sobre las deficiencias estructurales en la atención a la violencia contra la mujer en el país. El 23 de noviembre, vecinos y colectivos feministas marcharon en Comas denunciando revictimización, falta de diligencia judicial y posibles encubrimientos, mientras las miradas se centran en un sistema que falla en proteger a las víctimas.
Elsa Torres, madre de la víctima, denunció que la comisaría de Santa Luzmila en Comas se negó a aceptar la denuncia por desaparición de su hija. A pesar de presentar pruebas contundentes, como conversaciones en WhatsApp y fotografías del sospechoso, los agentes rechazaron actuar argumentando que el domicilio de Sheyla se encontraba en Santa Anita, fuera de su jurisdicción. “Seguro se escapó con su enamorado”, habría sido la respuesta de los efectivos.
El principal sospechoso, el suboficial Darwin Marx Condori Antezana, ya contaba con antecedentes criminales, como un presunto caso de violación grupal en el departamento donde residía, cuando en 2023 tres jóvenes escaparon tras ser retenidas y dopadas. Según registros judiciales, la investigación de ese caso estuvo marcada por retrasos, permitiendo que Condori siguiera en funciones.
La familia de Sheyla presentó una denuncia contra la PNP por omisión de funciones y negligencia en la gestión del caso. El Ministerio Público, a través de la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, abrió una investigación preliminar contra el comandante Ronald Núñez y los agentes involucrados.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), liderado por Teresa Hernández Cajo, también ha enfrentado críticas. Durante una conferencia de prensa, la ministra se refirió erróneamente a la víctima como “Shirley” en lugar de Sheyla hasta en dos ocasiones. Tras darse cuenta del error, ofreció disculpas públicas por su “error involuntario”, pero su actuación deshumaniza y perpetúa la invisibilización de las víctimas de violencia.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte expresó su pesar por el caso, pero salió en defensa de la PNP con el argumento que no se puede juzgar a toda la institución por las acciones de un “mal elemento”. “Les pido que tengamos presente que nuestra policía tiene elementos muy valiosos y su reputación no debe mancharse por malos efectivos que olvidan que están al servicio de la patria y de los compatriotas”, sostuvo. Sus declaraciones han sido señaladas como una respuesta insuficiente frente a las demandas de justicia.
El caso de Sheyla no es aislado. Una investigación del programa Ocurre Ahora empleó cámaras encubiertas en siete comisarías de Lima para exponer las deficiencias en la atención de denuncias de violencia machista. Cuando un reportero que se hacía pasar por agresor confesó haber atacado a su pareja en una comisaría de Surco, un policía respondió: “¿No hay signos visibles o le has dejado marcas?” Tras la aclaración del falso atacante de que las marcas ya no eran visibles, el agente replicó: “Entonces, no hay de qué preocuparse”. Estas actitudes protegen al agresor en vez de la víctima, reforzando la revictimización y el encubrimiento de la violencia machista.
El caso de Solsiret Rodríguez, asesinada en 2016, mostró deficiencias similares. Las autoridades policiales se negaron inicialmente a recibir la denuncia de su desaparición alegando que que “ella se había desaparecido porque tenía la cabeza caliente”. En un inicio, los sospechosos fueron liberados por falta de pruebas, en medio de críticas por demoras en el sistema judicial. Asimismo, los involucrados en el caso fueron absueltos del delito de feminicidio en el presente año.
El Estado peruano, representado por la PNP, tiene la obligación, bajo estándares internacionales, de actuar con rapidez en casos de desapariciones. Las primeras horas son cruciales para localizar a la víctima con vida, especialmente en contextos de violencia, donde el riesgo es extremo. Sin embargo, las autoridades conocen, pero no siempre aplican, la normativa que exige tramitar las denuncias de inmediato y emitir las alertas a través del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La muerte de Sheyla Cóndor no solo es un recordatorio de la violencia que enfrentan miles de mujeres en el país, sino también de un sistema que, al fallar repetidamente, deja en desamparo a las víctimas y sus familias.
Frente a esta crisis, las autoridades habilitaron diversas líneas de ayuda para atender casos de violencia de género. La Línea 113 brinda orientación en temas de salud, incluida atención psicológica y de emergencia. Por su parte, la Línea 100 ofrece soporte emocional y asesoría legal, mientras que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) atiende a víctimas en sus oficinas distribuidas en todo el país.