El gobierno de Javier Milei está ante otra marcha atrás. Luego de que el asesor presidencial Santiago Caputo acordara con la cúpula de la CGT eliminar la cláusula anti-bloqueos de la reforma laboral, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, recibió a los empresarios afectados e indignados y les prometió revisar esa reglamentación y la puso en duda. En caso de que se haga, contemplará un protocolo presentado por las Pymes.
Según pudo saber iProfesional de altas fuentes de la Jefatura de Gabinete, «el alcance de la cláusula anti-bloqueos es parte de un diálogo en estos momentos, de hecho está en la Ley Bases en la reforma laboral que modificó la Ley de Contrato de Trabajo. Ese capítulo en particular no está reglamentado y veremos si hace falta reglamentarlo».
Empresarios en reunión con Guillermo Francos por el protocolo anti-bloqueos
Por las dudas, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) le dejó a Francos una propuesta de reglamentación con un protocolo para impedir los bloqueos. Francos quedó en estudiarlo y ahora duda si ceder ante la CGT.
Esa postura actual de Francos se contradice con el acuerdo que Caputo, Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habían cerrado el lunes último con la conducción de la CGT encabezada por Héctor Daer.
En esa reunión se convino reglamentar el artículo 242 de la Ley de Contratos de Trabajo modificado por el artículo 94 de la Ley Bases de manera más benévola para los trabajadores: no puedan ser despedidos con «justa causa» por bloquear a una empresa en un conflicto laboral. En ese caso se conformaría una comisión tripartita (empresa, trabajadores y Poder Judicial) que determinará si existe un bloqueo.
«Pero una comisión tripartita para eso es un disparate, porque mientras tanto te bloquean la fábrica y nadie sabe cuánto tiempo se toma la justicia para determinar si es un bloqueo o es una protesta sindical«, señalan en las Pymes seriamente afectadas por los piquetes sindicales.
Así como está, la Ley Bases dispuso que los trabajadores que bloquean una empresa como medida de fuerza cometen una injuria laboral e incurren en una causal de despido con justa causa, por lo tanto, sin indemnización. Por lo tanto, la Ley Bases les dio garantías a los empresarios contra los bloqueos.
En esa reunión, además, Caputo, Francos y Cordero acordaron dar de baja el proyecto de Ley de Democracia Sindical, que limita las prerrogativas que hoy tienen los sindicatos, como la reelección indefinida, la cuota solidaria, el manejo sin control de las obras sociales y la falta de auditorías en la administración de los sindicatos. El proyecto revoca, elimina o modera varios de esos aspectos.
También el bloque del PRO, que dirige Cristian Ritondo, planteó sus quejas ante este retroceso de La Libertad Avanza en un acuerdo al que se habían comprometido Milei y Francos. Santiago Caputo fue clave para frenar esta ley y para atenuar la cláusula antibloqueos.
Es por eso que se abrió una grieta en la confianza entre Milei y el PRO, que se agigantó con el veto del Presidente a la ley de financiamiento universitario, que el macrismo ahora se resiste a convalidar en el Congreso y que rechazaría. El propio Milei sostiene en privado que «hay mucho enojo por los incumplimientos y verdugueos de Milei», según sus allegados.
En una reunión privada con senadores del PRO, Macri dijo que «para qué voy a seguir yendo a comer milanesas a Olivos si después no se cumple nada» y señaló que «la educación pública siempre fue una bandera del PRO».
La respuesta de Milei a esos trascendidos fue que, si el veto es rechazado por la Cámara de Diputados, él mismo incumplirá con el envío de los fondos que prevé esa ley para el financiamiento universitario. Lo dijo en una reunión de gabinete ante sus ministros. Pero si lo hiciera podría violar la ley de financiamiento y cometería un delito previsto en el artículo 248 del Código Penal: abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El propio abogado constitucionalista Félix Lonigro señaló que «cometería un delito, podría ser denunciado penalmente y por esa misma causa podría ser sometido a juicio político«.
Reglamentación anti-bloqueo: Gobierno da marcha atrás acuerdo con la CGT
Según la diputada del PRO Verónica Razzini, que también integra el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, la Casa Rosada y La Libertad Avanza aceptaron tratar el 15 de octubre en comisiones la Ley de Democracia Sindical y se comprometieron a frenar la reglamentación más beneficiosa para los trabajadores que bloquean fábricas.
La Ley de Contrato de Trabajo, ahora modificada, dice en su artículo 242 que configurará «grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento». Se engloba a medidas de acción directa que «afecten la libertad de trabajo mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas», «impidan u obstruyan total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento», u «ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa».
Esta versión de la Ley de Contrato de Trabajo es favorable a las empresas e impugnada por la CGT. Luego del acuerdo con la CGT para conformar esa comisión tripartita, Francos recibió el martes último al Movimiento Empresarial Anti-bloqueo (MEAB) en la Casa Rosada.
La diputada Verónica Razzini, del PRO, empresaria rosarina afectada por los bloqueos, dijo a iProfesional que «la CGT se puede enojar, pero bloquear es un delito» según la ley.
También en la red X felicitó a los empresarios de MEAB, que fueron a entrevistarse con Francos: el presidente de la asociación, Juan Méndez, y los miembros de la comisión directiva, Solana Larocca, Natalia Trevisiol, Ariel Quintela y asesores legales Pablo Salvatori y Fernando Literas.
«Felicitaciones, mi querido MEABA siempre de pie y defendiendo verdaderamente a las empresas, me siento orgullosa de cada uno de ustedes». Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que «esto es parte de un diálogo y en estos momentos está en la Ley Bases en la reforma laboral. Ese capítulo en particular no está reglamentado y veremos si hace falta reglamentarlo». Dejaron así la puerta abierta para dejar todo como está, en favor de los empresarios.
Luego de la reunión entre Francos, Cordero y Caputo, voceros de la CGT elogiaron a Caputo, asesor presidencial, y dijeron que «habla nuestro mismo idioma». Lo que parecía un elogio sindical se convirtió rápidamente en una corriente negativa en las redes sociales, donde todos los votantes libertarios se indignaron con ese pacto con la CGT.
Es por eso que Francos se apuró el miércoles último, en plena marcha federal universitaria, a emitir un posteo por la red X para descomprimir la presión sobre la Casa Rosada de los propios empresarios y de los votantes libertarios.
«Recibimos a empresarios agrupados en el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo para escuchar sus inquietudes. Les manifestamos el compromiso del gobierno con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Argentina en libertad, bajo el manto de la ley y de los derechos consagrados en la Constitución. Mantenemos abiertos los canales de diálogo y consenso necesarios con todos los sectores», señaló Francos.
Razzini comentó luego que los empresarios le dejaron a Francos una propuesta de reglamentación que contiene un protocolo anti-bloqueos que impiden los piquetes fabriles, pero cuyo contenido se mantuvo en reserva y lo está estudiando el gobierno de Milei.
La gestión libertaria no puede ceder ante la CGT sin pagar un alto costo político en la franja de votantes que los apoyó para frenar el avance de los sindicatos. Pero el final de la historia todavía está abierto y ahora se duda de si el Gobierno cederá ante la CGT o conformará a las empresas.