El gobierno se prepara para un momento difícil: la difusión del indicador semestral de pobreza, el primero que corresponde íntegramente al período de gestión de Javier Milei. Y, previsiblemente, será un dato desalentador, dado que registrará la situación social que coincidió con el momento de mayor inflación y de retracción de la actividad económica, el del arranque del plan económico.
No por casualidad, en los últimos días el gobierno ha reforzado, en su comunicación, las referencias al cuidado por la situación social. Por ejemplo, el presidente Milei, en su contrapunto con Cristina Kirchner sobre la «economía bimonetaria», se jactó de que gracias al aumento en las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo y otros programas asistenciales, ahora está cubierta el 99% de la canasta básica, mientras en el anterior gobierno sólo se llegaba al 60%.
Y, más específicamente en el debate fiscal, el ministro de economía, Luis Toto Caputo, destacó que en medio del ajuste que permitió ocho meses consecutivos de superávit, el rubro de la asistencia social no sólo no sufrió recortes sino que creció un 21% en términos reales.
Y particularmente para agosto, esa asistencia había registrado un crecimiento rela de 71,5%. Caputo no se privó de recordar que esa mejora se había producido «sin intermediarios», dado el cambio de política que privilegia los programas donde se produce una acreditación monetaria directa al beneficiario sin la participación de las organizaciones sociales.
De todas maneras, el impacto político será inevitable, tal como lo había sido para todos los gobiernos anteriores. Hace un año, en plena campaña electoral, Sergio Massa sufrió la publicación del 40,1% de pobres y 9,3% de indigentes, algo que contradecía el discurso de «inclusión social» que estaba en el centro de su mensaje proselitista. En aquel momento, se prepararon una serie de medidas tendientes a atenuar el impacto de la noticia, y por eso se anunciaron un bono para los trabajadores informales, un refuerzo en los planes asistenciales y una suba del salario mínimo. Como quedó en evidencia semanas más tarde en las urnas, no alcanzó como para revertir el malhumor social.
Un año después, Milei todavía cuenta a su favor con el argumento de estar sufriendo la herencia de la gestión anterior. Pero, naturalmente, la oposición tomará el dato como un aliciente para reforzar su estrategia de crítica al ajuste económico. Está fresco el recuerdo del veto presidencial a la reforma jubilatoria, y la protesta por mejoras salariales está en pleno auge.
Desempleo: datos desalentadores
Una pista sobre lo que puede ocurrir con el nuevo dato de pobreza está en las mediciones de instituciones privadas. Por ejemplo, el informe de la Universidad Di Tella, que marca para el primer semestre de este año una pobreza del 50,5% de la población, lo que implica 23 millones de personas que no pueden pagar la canasta básica de bienes y servicios que mide el Indec. Pero más importante que las cifras -que siempre en el sector privado suelen ser más altas que los números oficiales- es la tendencia: el semestre anterior, el informe de la Di Tella había medido 42,8%, lo que implica un agravamiento de la situación social.
El único consuelo de esa medición es que el segundo trimestre del año registró una mejora importante respecto del primero: había arrancado el año con un 52,6% y luego bajó a 48,5%.
Otros informes tampoco dejan espacio para el optimismo. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU alertó sobre el crecimiento de la pobreza en la población infantil, e incluyó críticas a la administración Milei por los recortes presupuestarios en educación y programas específicos para la niñez. El informe se conoció pocos días antes de que Milei deba pronunciar Nueva York su primer discurso ante la asamblea anual de las Naciones Unidas.
Y, sobre todo, lo que lleva a los expertos a esperar un agravamiento de las cifras es la marcha de la economía. El último dato de empleo, correspondiente al segundo trimestre, marcó un 7,6% de desocupación, aunque el gobierno argumenta que el dato puede estar «inflado» por el hecho de que hay más gente que salió a buscar empleo. De hecho, cuando se mide el porcentaje de la población que trabaja -44,8% en la encuesta del Indec-, se notó una tendencia a la recuperación.
¿La indigencia sube menos?
La esperanza para el gobierno es que en la nueva medición, a pesar de que se verifique un incremento de la pobreza, tal vez no haya un agravamiento tan marcado en el dato de indigencia. Es decir, lo opuesto a lo que ocurrió en las últimas mediciones del gobierno peronista.
El de indigencia es el indicador más crítico, que marca si las personas consumen diariamente una dieta con las proteínas necesarias para mantener un buen estado de salud.
La canasta de indigencia es aproximadamente un 45% de la canasta básica -la que marca la línea de pobreza-, que además incluye servicios como la vivienda. Hablando en plata, mientras la canasta de indigencia es hoy de $421.474 para un hogar de dos adultos y dos niños, la canasta de pobreza está cotizada en $939.887.
Como el salario mínimo de agosto es de $262.432, un hogar con dos ingresos mínimos estaría un 24% encima de la línea de indigencia, aunque todavía estaría un 44% debajo de la línea de pobreza.
Este es uno de los principales puntos de reivindicación de sindicatos y organizaciones sociales, que argumentan la consolidación del fenómeno de los «asalariados pobres». Es una característica de los últimos años, cuando se quebró la noción del trabajo como una vía de salida de la pobreza, que ya dejó de ser un sinónimo de desempleo o informalidad y alcanza también a parte de la población asalariada.
Pese a todo ese marco negativo del primer semestre, hay sin embargo algunas señales de mejora: la canasta alimentaria tuvo un abaratamiento relativo frente a la inflación. Así, mientras el IPC acumulado del primer semestre fue del 79,8%, la canasta alimentaria solamente se encareció un 63%. La canasta básica, en cambio, con un 76%, estuvo más en línea con la suba general de precios.
Señales de mejora en canasta alimentaria
La explicación para este fenómeno es que, en el marco del reacomodamiento de precios relativos, subieron más los servicios que los alimentos. Es la consecuencia de la devaluación, que encareció en términos reales productos importados -que estaban anormalmente baratos por el retraso cambiario-. Y también responde a la flexibilización de precios regulados -como servicios médicos, combustibles y servicios públicos-.
Es así que el pico inflacionario del primer trimestre afectó, en términos relativos, más a la clase media que a la clase baja, dado que en la franja poblacional de bajos ingresos se destina un mayor porcentaje del presupuesto familiar a la alimentación y menos a los servicios.
Cuando se compara la evolución de las canastas de pobreza e indigencia frente al salario, también se nota una leve recuperación. Para el sector informal, que es donde se ubica la mayor parte de los pobres, hubo una mejora de 69,8% en el ingreso en el primer semestre del año, de acuerdo con la estadística del Indec.
Para los asalariados del sector privado esa mejora fue de 83,6% mientras que para los empleados públicos fue del 73,3%.
En todos los casos se superó el encarecimiento de la canasta de indigencia -pero no la de la pobreza, en el caso de los informales-.
Esta es la situación que deja una leve esperanza en el gobierno: si la indigencia no arrojara un agravamiento respecto del 11,9% del semestre pasado, el gobierno podría argumentar que se está notando el proceso de desinflación, combinado con una recuperación de la actividad.
Sería, por otra parte, lo contrario de lo que ocurrió en el final del gobierno peronista, cuando la indigencia avanzaba a mayor velocidad que la pobreza, de forma tal que en el segundo semestre de 2023 la pobreza saltó de 40,1% a 40,7%, mientras la indigencia pasó del 9,3% al 11,9%, alcanzando a 5,5 millones de personas.