El optimismo que dejan traslucir desde el gobierno por un nuevo resultado fiscal superavitario esconde un problema: el «efecto licuación» sobre el gasto ya da señales claras de estar en fase de agotamiento.
Es algo que se ve con claridad en la lectura entrelíneas del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los números correspondientes a abril arrojan un resultado primario positivo en $460.022 millones, y también un superávit financiero -es decir, después que se descuentan los pagos por intereses de la deuda- por $154.990 millones.
Estos números suelen ser considerados un predictor de las cifras oficiales, que se darán a conocer en tres semanas por la secretaría de Hacienda. El reporte cubre la administración central -no todo el sector público- y se trata de cifras «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, lo que implica que en la versión final podría haber cambios.
Pero más que los números, lo que preocupa es «la historia» que cuentan las cuentas fiscales: que, en un entorno recesivo, resulta cada vez más difícil mantener el superávit fiscal con la «licuadora».
El dato más claro al respecto es el del gasto jubilatorio, que con una participación del 40% es, por lejos, el más voluminoso del presupuesto. En abril se registró una caída interanual real -o sea, descontada la inflación- del 20%. Es un gran recorte, claro, pero la cifra resulta pequeña en comparación con la de los meses precedentes.
En marzo, el recorte en el rubro jubilatorio había sido de 30%; en febrero de 33,9% y en enero de 32,5%. Así, el «ahorro» acumulado para el primer cuatrimestre es 28,5%, algo que a todas luces será imposible de sostener, como queda en evidencia por la escalera descendente del recorte.
Se revierte el efecto jubilaciones
Ya había presiones políticas para impedir que el costo del ajuste fiscal siguiera cayendo sobre los jubilados. El reclamo no se limitaba a la oposición política y los sindicatos, sino que el propio Fondo Monetario Internacional había advertido sobre el agotamiento social de ese método.
Pero, sobre todo, lo que determinará que esa licuación ya no se registre en los próximos meses es el cambio de fórmula indexatoria, que empezó a aplicarse en abril y que recién a partir de ahora empezará a influir sobre las cuentas fiscales.
En abril ya se siente el efecto de la fórmula jubilatoria: el recorte en el gasto previsional cayó 20%, cuando en marzo la «licuación» había sido de 30%
La nueva fórmula implica un cambio fundamental respecto de la ideada por el ex ministro Martín Guzmán -que combinaba la recaudación de la Anses con la variación salarial-. Esa era una típica fórmula «pro-cíclica»: las jubilaciones tendían a decrecer en los momentos de crisis y alta inflación. El gobierno kirchnerista buscó una compensación para esa situación, al establecer bonos que mantuvieran el nivel de las jubilaciones más bajas, pero eso acható la «pirámide» en desmedro de los haberes de niveles medios y altos.
La nueva fórmula, en cambio, al ajustar por inflación, ya no permite la licuación. Más bien al contrario, lo que se espera para el corto plazo es un crecimiento de los haberes. Como cada ajuste se hace con un desfasaje de dos meses, eso implica que cuando los jubilados perciban el pago de mayo, éste habrá sido ajustado de acuerdo con el IPC que midió el Indec en marzo. Es decir, se cobrará con un ajuste de 11% cuando la inflación de mes probablemente se ubique en 6%.
En la medida en que la inflación siga su curso descendente, el gasto jubilatorio empezará a revertir su tendencia declinante. De hecho, las previsiones de los economistas apuntan a que hacia mediados de año las jubilaciones recuperarán el nivel que tenían a fines del año pasado y comenzarán un incremento real del poder adquisitivo.
El agotamiento de la licuación
Pero el agotamiento de la licuación no solamente se percibe en el rubro jubilatorio. Hay otros renglones del presupuesto en los que también se aplicó la tijera en el arranque del año y en los que ya se evidencia que el grado de ajuste empieza a descender.
Por caso, los gastos de personal -básicamente, los salarios de los empleados públicos de la administración central-, que representan un 13% del presupuesto, también evidencian una moderación del ajuste. En abril, la caída del gasto fue de 14,4%, una cifra que parece pequeña en comparación con el impactante 25,2% de marzo.
Como ocurre con muchos gremios que negocian las paritarias, también en este caso se prevé una recomposición de ingresos en la medida en que la inflación siga cayendo. Lo que implica que el ahorro fiscal de este rubro irá también diluyéndose con el paso de los meses.
Situaciones similares se pueden observar en los rubros de transferencias a las provincias y en el controvertido punto del presupuesto universitario.
La difícil apuesta a la recaudación
Ante esta situación, la sostenibilidad del superávit fiscal depende de dos temas políticamente delicados: del lado del gasto, la disminución de los subsidios estatales; y del lado de los ingresos, generar una mejora en términos reales, después de varios meses de caída en la recaudación de impuestos.
Ninguno de los puntos resulta fácil de conseguir. En cuanto a los subsidios, el propio Toto Caputo fue el que pisó el freno, al postergar las subas de tarifas a la electricidad y el gas en aras de acelerar la baja inflacionaria.
El reporte fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso registró que el gasto en subsidios tuvo una suba interanual de 17% -hubo un recorte de 52,8% en el rubro de transporte, pero se disparó 44,5% el gasto en energía-.
Caputo tendrá peor resultado del previsto en subsidios -por la postergación en subas de tarifas- pero una ayuda extra en la recaudación del impuesto PAIS
Y los números de abril, nuevamente, esconden una situación de postergación de gastos por la deuda que el Estado mantiene con las compañías del sector eléctrico. La deuda acumulada este año asciende a u$s1.200 millones, y está en el centro de la polémica por el ofrecimiento de Caputo de cancelarla con bonos de deuda soberana, lo que en los hechos implicaría una quita de capital del 50%.
Es un tema en el cual, con la excepción de la estatal YPF, casi todas las empresas energéticas han rechazado, alegando que la solución propuesta se asimila con una declaración de default.
Una ayuda del impuesto PAIS
Mientras tanto, el otro componente de las cuentas fiscales, el del ingreso, es donde residen las esperanzas del gobierno. Depende, claro está, de que se apruebe el paquete impositivo en el Congreso. De esta forma, recuperaría fondos por medio punto del PBI al reinstaurarse el impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel medio-alto. También contaría con un refuerzo por el blanqueo -hay expertos tributaristas que cree que podrían ingresar hasta u$s50.000 millones- y con el pago adelantado de Bienes Personales.
Pero todo eso empezaría a verse reflejado en la caja de la AFIP dentro de varios meses. Y hasta que eso ocurra, el entorno recesivo continúa erosionando el ingreso por los impuestos más vinculados a la actividad comercial, como el IVA que cobra la DGI, que tuvo en abril una caída real del 10%.
Es por eso que, en el corto plazo, las fichas están puestas en lo que aporten impuestos ligados al comercio exterior. El inicio de la exportación de la cosecha gruesa agrícola, a pesar de que viene un ritmo más lento de lo esperado, implicará un aumento en la recaudación por retenciones.
Y se sigue apostando a la estrella del año en materia recaudatoria, el impuesto PAIS. Nacido en el gobierno de Alberto Fernández como una medida de emergencia, como un gravamen a la compra de dólares por parte de ahorristas y turistas, se transformó ahora en una sobrearancel para las importaciones, con una alícuota del 17,5%.
En el primer cuatrimestre, su importancia dentro de la «torta» impositiva asciende a 7%. Y todo indica que ese número podría incrementarse, gracias a la ayuda desde el lado financiero: con la nueva medida que les permite a las empresas girar utilidades y dividendos al exterior mediante la compra del nuevo bono Bopreal, habrá otra inyección a la caja de la AFIP.
En su última licitación, el Banco Central pudo colocar nada menos que u$s1.709 millones, equivalentes a $1,5 billón, a los que les aplica el 17,5% del impuesto PAIS. Esto implica que la recaudación de mayo recibirá una ayuda extra de $263.000 millones sólo por efecto de esta licitación del Bopreal. Es una cifra que equivale a la mitad de lo que se había recaudado por el impuesto PAIS en abril.
Ese resultado implica otro oxígeno de corto plazo, que ayudará a que también en mayo se pueda obtener un resultado fiscal superavitario. Pero ocurre lo mismo que con los demás recursos a los que echó mano Toto Caputo: se trata de una ayuda que no puede sostenerse en el tiempo.