jueves, 28 noviembre, 2024

Pago en bonos a las generadoras

El gobierno cancelará la deuda de Cammesa con títulos a 14 años

La resolución fue pubicada este miércoles en el Boletín Oficial. La asociación de generadoras eléctricas expresó su rechazo y advirtió sobre los riesgos para el sistema eléctrico.

El Gobierno oficializó el régimen de pagos para saldar la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las empresas generadoras de energía. La medida fue dispuesta a través de la Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La propuesta gubernamental consiste en cancelar la deuda por suministros energéticos, que en el documento oficial se reconoce que a fines de abril alcanzaba $1.074.258.000.000, mediante la entrega de un bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero. El pago de la deuda correspondiente a los despachos de energía de febrero se realizaría con el flujo de caja de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

En tanto, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) ya anticipó su rechazo al bono con el que el ministerio de Economía cancelaía su deuda. La entidad empresaria consideró “inaceptable” que pagos pendientes se condicionen a aceptar esta propuesta.

“Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta”, señaló la nota que la entidad le envío al jefe del Palacio de Hacienda para comunicar la posición del sector.

La cantidad de bonos a entregar a las generadoras será equivalente al valor nominal de la deuda, al tipo de cambio oficial. Se estima que el precio de mercado de esos bonos (si las empresas que lo reciban salieran a venderlo de inmediato para hacerse del efectivo) podría estar en torno al 50 por ciento de su valor nominal. Es por ello que se habla de «una quita del 50 por ciento» sobre la deuda a cancelar.

En su nota, Ageera argumentó que la forma de pago de la deuda dispuesta por Economía «resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada». Advierte además que «impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales».

El instrumento de pago supone «una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al mercado spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses», sostiene la nota enviada a Luis Caputo. Y señala que tal detracción en el valor a recibir «afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico».

La normativa establece que se trata de «un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM, con el objeto de restablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, ante el déficit de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del MEM y la emergencia declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023».

El Ejecutivo sostuvo además que el régimen «no ocasiona una lesión al derecho de propiedad de los agentes acreedores, por tratarse de un diferimiento de pago que no altera de manera definitiva sus derechos, por cuanto resulta transitorio, excepcional y limitado en el tiempo».

En cambio, Ageera advierte que “Un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”. Según fuentes privadas, la posibilidad de que la situación derive en acciones judiciales, quedará sujeta a lo que decida cada compañía involucrada.

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