Los aumentos de luz, gas, agua y transporte que aplicó hasta ahora el gobierno de Javier Milei hicieron saltar a la Argentina a la cabeza del ranking regional de servicios públicos más caros. El país antes se encontraba en puestos intermedios en esa medición sobre cuánto destina una familia de su presupuesto para pagar servicios esenciales. Sin embargo, la drástica reducción de subsidios y la suba de tarifas que ordenó la actual administración modificaron radicalmente el escenario. Ahora Argentina es el país más caro, por arriba de Chile y de Brasil, que antes lo superaban con buena distancia, y a la altura de Uruguay.
El ascenso no es algo circunstancial, sino una mala noticia que llegó para quedarse, como parte del plan oficial de reacomodamiento de precios relativos de la economía. Salvo por la excepción que se hizo este mes en luz y gas, suspendiendo la actualización mensual de tarifas dispuesta previamente para ayudar a la baja de la inflación en un momento crítico, la decisión del Presidente y del ministro de Economía es que esos servicios, lo mismo que el agua y el transporte, aumenten todos los meses de acuerdo a la inflación general o en fórmulas con otros índices.
Por lo tanto, las tarifas se mantendrán en el nivel elevado al que escalaron de manera record en solo cinco meses.
La contracara de cobrar las tarifas más caras de América latina es el retroceso en el consumo de otros bienes y servicios, lo que acentúa la recesión, ya que la demanda privada es el principal motor de la economía argentina. En consecuencia hay un desaliento para la inversión, la producción y la generación de empleo.
Como anticipó en estas páginas Leandro Renou, la inversión del sector privado se desmoronó un histórico 22,3 por ciento interanual en marzo y acumuló una baja del 16,6 por ciento en el primer trimestre del año, según el relevamiento de la consultora de Orlando Ferreres. El costo creciente de los servicios públicos para actividades productivas y comerciales también le resta competitividad a la economía y aleja las posibilidades de inversión.
Gasto familiar
La Fundación Capital, que dirige el ex gerente general del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, Carlos Pérez, elaboró un informe que analiza la suba de los servicios públicos en la actual administración, su impacto en distintos sectores sociales y cómo queda Argentina en relación a otros países de la región.
«Considerando el consumo de electricidad, gas, agua y transporte público (se asumen 100 viajes mensuales) para una familia tipo del AMBA, el peso del gasto sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (RIPTE) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6 por ciento en diciembre a un 10,8 en la actualidad», advierte el documento. Es decir, las boletas representaban menos del 5 por ciento del presupuesto familiar para un salario medio en el final del gobierno de Alberto Fernández y pasaron a insumir más del 10 por ciento en el análisis hasta abril.
En números absolutos, esos cuatro consumos treparon de 22.147 pesos en diciembre a 56.602 en febrero y 85.447 en abril.
Pero más grave aún es el tarifazo para sectores vulnerables. «Si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior«, remarca el informe.
«En detalle, dentro del segmento de menor poder adquisitivo (N2, ingresos de hasta una Canasta Básica Total), para un hogar conformado por dos salarios mínimos (405.600 pesos hasta abril) el gasto en servicios públicos alcanzó el 13,4 por ciento de su ingreso en el AMBA. Es decir, más que triplicándose frente al 4,5 por ciento que representaba en diciembre«, precisa.
«Si la familia contase únicamente con un salario mínimo y una AUH y tarjeta alimentar (300.000 pesos), el pago de servicios públicos trepó al 18,2 por ciento del ingreso familiar, frente al 7 que representaba a fin del año pasado. Por su parte, un hogar que cuenta con un único ingreso similar al promedio de la economía (790.000 pesos estimado a abril) habría destinado el 9,7 por ciento de su salario versus el 4 por ciento en diciembre», completa.
Ranking
En la región, Argentina alcanzó el primer puesto junto a Uruguay, con un gasto en servicios públicos que representa el 10,8 por ciento del presupuesto de una familia con salarios medios del sector formal. Antes de Milei, el país estaba a más de 6 puntos de distancia, con 4,6 por ciento. Pero esa paridad en la punta de la tabla será por poco tiempo, dado que el gobierno nacional anticipó una quita todavía más radical de subsidios y contempla, como se indicó más arriba, aumentos mensuales a partir de junio de luz, gas, agua y transporte.
En Brasil, el gasto de las familias en servicios públicos representa el 8,3 por ciento y en Chile, el 7,6. El resto de los países de la región se ubica por debajo de esos niveles.
«Desde el cambio de administración, las tarifas de los distintos servicios públicos han exhibido subas muy significativas. La de electricidad se incrementó para el promedio de los residenciales un 146 por ciento; la de gas, 427 por ciento; la de agua, 209, y la del colectivo en el AMBA, 410. Todo esto, frente a una inflación en el mismo período de 112 por ciento y salarios que habrían aumentado sólo un 96 por ciento (estimado). En este marco, el peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (RIPTE) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6 por ciento en diciembre a un 10,8 en la actualidad», remarca la Fundación Capital.
Sin V
«La corrección de precios relativos encarada desde diciembre se dio en el marco de una importante baja en el poder adquisitivo de los salarios en los últimos seis años (el sector privado registrado perdió un 20 por ciento real) y con el empleo empezando a encender señales de alerta. De esta forma, el consumo privado difícilmente presente una rápida reactivación«, alerta el documento.
También marca que se acentúa la pérdida de puestos de trabajo, al mismo tiempo que «las prepagas subieron 130 por ciento; las telecomunicaciones, 110, y los combustibles, 170«. «La reinstauración del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría también opera reduciendo el poder adquisitivo de las familias», agrega en el diagnóstico.
«De esta forma -concluye-, con el poder de compra debilitado por los distintos frentes, el consumo seguirá limitado». La rápida recuperación que promete el Gobierno por ahora no se ve.