Y un día, la CGT volvió a vivir un 1° de Mayo en la calle. Era una postal que casi había caído en el olvido, dado que durante toda la gestión de Alberto Fernández la central sindical había preferido mantener una actitud pasiva y alejada de la manifestación callejera: primero, por la pandemia; luego, para diferenciarse de la izquierda que le reclamaba al gobierno peronista por la inflación; y en el tramo final se transformó el día de los trabajadores en un acto proselitista por la candidatura de Sergio Massa.
De manera que esta celebración fue un regreso, en el que, una vez más, la cúpula cegetista tuvo que hacer un equilibrio político. Por un lado, mostrar su faceta combativa pero, al mismo tiempo, sin llegar a constituir una amenaza para la estabilidad de un gobierno con el que está transitando un momento de diálogo.
Los miembros del triunvirato se vieron en la obligación de aclarar que la convocatoria al paro general del 9 de mayo seguía en pie. La duda había quedado instalada por la votación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, donde los costados más controvertidos de la reforma laboral habían quedado sin efecto.
«Queremos aclarar que no hemos discutido ni negociado ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción que ocurrió en la Cámara de Diputado. Además, queremos ratificar en nombre de los más de 300.000 compañeros que se movilizaron, que esta CGT no va a resignar un ápice de los derechos conquistados», sostuvo Héctor Daer.
Lo cierto es que ya el solo hecho de que esa frase fuera necesaria es un reconocimiento tácito de que la duda había quedado instalada. Después de todo, la CGT resultó tan ganadora de la media sanción de la Ley Bases como el propio gobierno.
Ni el aporte compulsivo de los asalariados a las cajas de las organizaciones gremiales, ni el concepto de «ultraactividad» en los acuerdos ya vencidos, ni la reglamentación de huelga en servicios esenciales ni la sanción a los bloqueos de plantas empresariales. Ninguno de los puntos que afectaban directamente el poder político y financiero de la CGT quedó en pie luego de las negociaciones con la oposición dialoguista. De hecho, la recomendación que había hecho Miguel Pichetto, el líder del bloque Hacemos Coalición Federal, era no incluir en el proyecto «nada que afecte a la CGT».
La media sanción para la ley Bases implicó también una victoria de la CGT, que logró dejar sin efecto parte del capítulo laboral
La prueba más elocuente de ello fue la queja de organizaciones pyme que habían declarado su apoyo al espíritu reformista del gobierno, y que no ocultaron su desazón por las concesiones del bloque oficialista a la cúpula sindical. Calificaron la ley que obtuvo media sanción como «una reforma a medias» y advirtieron que no cambia el panorama de aquellas empresas que se enfrentan a complicaciones cotidianas derivadas de la acción sindical, como los bloqueos.
Una línea de diálogo con la Casa Rosada
Lo cierto es que, ya en la previa de la votación en el Congreso, el gobierno había dado evidentes señales de querer evitar una confrontación. Tanto fue así que se convocó a los dirigentes a la Casa Rosada, donde hubo un pedido de disculpas de parte de Santiago Caputo por no haber invitado antes a los sindicalistas a charlar sobre la agenda política.
Acaso lo más notable haya sido la reinstauración del «techo Moyano» en las paritarias, una actitud que, curiosamente, termina acercando a Javier Milei con la tesitura de Néstor Kirchner en sus primeros años de presidencia.
Esta práctica consistía en tomar un gremio grande, poderoso y con alta visibilidad, como el de camioneros, para enviar a todo el mercado una señal sobre cuál debería ser el porcentaje máximo de aumentos que el gobierno consideraba saludable.
La estrategia llevaba implícito un temor: que si en algún rubro de la actividad se firmara una cifra mayor, eso se tradujera en presión inflacionaria. Los gobiernos saben que, en ocasiones, las cámaras empresariales, para evitar conflictos, se avienen a firmar por cifras que exceden su capacidad, y luego compensan por la vía de trasladar el costo laboral a los precios de sus productos y servicios.
Toto Caputo no fue la excepción. Y, lejos del espíritu liberal -como los Moyano le hicieron notar- no sólo no se abstuvo de intervenir en acuerdos entre privados, sino que vetó el acuerdo camionero por entender que daba una mala señal, al otorgar una suma muy por encima de la inflación.
Como en los viejos tiempos, el acuerdo al que se llegó con Moyano fue un «maquillaje» de las cifras, de manera tal de que oficialmente el aumento salarial quedara limitado a 15% por marzo y 9% por abril -en línea con la pauta inflacionaria marcada por el ministro-, pero los camioneros tendrán en sus bolsillos la misma cantidad de pesos que habían previsto desde un inicio. Ocurre que a los aumentos oficiales se les sumó una suma fija, que agregó un 10% para marzo y un 7% en abril.
Dirigentes de la CGT en la Casa Rosada: el diálogo destrabó paritarias y parte de la ley Bases
La memoria de Daer
Aun así, la CGT entendió que debía mostrar una faceta combativa, sostener el paro general y defender una línea argumental crítica del gobierno. Se nota ahí la experiencia de los errores del pasado: en 2017, durante la gestión macrista, Daer pasó un mal momento cuando en un acto realizado en un contexto de alta conflictividad, empezó a diluir la convocatoria a un paro. En medio del discurso, los asistentes comenzaron a cantar: «¡Poné la fecha, la p… que te parió!». Daer y los demás dirigentes tuvieron que retirarse custodiados.
Ahora, con la presión de los sindicatos estatales -que son los más afectados por los despidos- y con el peronismo kirchnerista reclamando una estrategia de oposición más firme, la CGT no quería que su postura dialoguista con el gobierno fuera confundida con una connivencia o una actitud blanda.
El paro del 9 de mayo será la segunda jornada de paralización contra el gobierno. Antes se había convocado una paralización en pleno enero, una fecha inusual, con gente de vacaciones, con poca actividad en el plano político y, sobre todo, con una gestión de gobierno que apenas llevaba un mes y medio.
Desde aquella protesta hasta ahora, muchas cosas han cambiado para la CGT. De ser el primer blanco del ímpetu reformista de Milei, pasaron a ser casi un garante de los acuerdos políticos y la paz social.
En aquella ocasión, los dirigentes sindicales habían hecho advertencias más bien dirigidas a los legisladores peronistas que al propio oficialismo. En sesiones extraordinarias del Congreso, estaba en plena discusión el DNU y el primer proyecto de ley Bases, y la CGT advertía sobre la necesidad de oponerse a cualquier medida que afectara «derechos de los trabajadores».
Ganancias, preocupación número uno
Buena parte de esas preocupaciones quedaron ya salvadas con la segunda versión de la ley. El tema importante que sigue en pie es la reinstauración de Ganancias, uno de los temas que en los últimos años se ha transformado en una bandera sindical, lo cual dejó en claro que la representación principal de la CGT es al grupo de los asalariados de mayores ingresos y no a los trabajadores precarizados.
De hecho, la polémica en torno de Ganancias tuvo más lugar dentro de la interna peronista que en la discusión con el gobierno. El punto a definir era si el peronismo debe focalizarse en la reconciliación con los asalariados formales mediante una mejora en su capacidad de consumo, o si tiene que volver a sus orígenes y centrar sus esfuerzos en una redistribución de la renta que sostenga a las franjas más pobres, aun cuando eso le valga el enojo de la clase media.
La oposición a la restitución de Ganancias, el nuevo objetivo fundamental en la agenda de lucha de la CGT
El kirchnerismo había insinuado, ya desde la gestión de Alberto Fernández, que el alivio impositivo a la punta de la pirámide salarial no podía considerarse una prioridad -y de hecho habían trascendido críticas a Sergio Massa por impulsar las subas del mínimo no imponible-. Pero la CGT dejó en claro que no era un tema negociable, al extremo que, en plena crisis de caja de las provincias, advirtió a los gobernadores peronistas que debían buscar recomponer sus finanzas con alguna alternativa que no implicara tocar Ganancias.
La solución encontrada implica una merma en la cantidad de aportantes que preveía el gobierno, pero no pudo evitar que Ganancias regresara. Es, después de todo, un agujero imposible de disimular, dado que aporta medio punto del PBI. Y su ausencia estaba sintiéndose con demasiada fuerza tanto en la recaudación de la AFIP como en la coparticipación a las gobernaciones provinciales.
Un discurso ambiguo
En la conferencia de prensa del 1° de Mayo, Pablo Moyano dejó en claro que la presión sobre los senadores peronistas no va a aflojar: «Yo estoy convencido que los 33 senadores peronistas van a votar en contra de la Ley Bases. Hay que ir a buscar a aquellos que no pertenecen a Unión por la Patria».
Antes, se había dado a conocer un documento con mucha argumentación técnica, lo que denota que la CGT tiene una buena asesoría económica. Como ya había ocurrido tras el discurso de Milei sobre el superávit fiscal, la CGT volvió a usar argumentos que coinciden con críticas hechas por economistas liberales, como la insostenibilidad de la licuación inflacionaria del presupuesto y la falta de un programa económico consistente.
En todo caso, el 1° de Mayo dejó otra vez esa sensación de una CGT con una postura ambigua: se queja del gobierno, pero resultó ganadora en la nueva ley Bases; reclama a Milei más diálogo, pero acaba de abrir una línea directa con la Casa Rosada; acusa a Caputo por intervenir las paritarias, pero acordó el «techo Moyano». Todo indica que el paro del 9 de mayo, lejos de ser una escalada conflictiva, puede ser apenas un gesto político para contener a las bases más cercanas al kirchnerismo.