Estados Unidos y países latinoamericanos expresaron su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz y denunciaron intentos de desestabilización, mientras las protestas y bloqueos continúan en Bolivia.
El Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos, emitió una declaración en la que denunció intentos de derrocar al Gobierno de Bolivia, en medio de una crisis política y social caracterizada por protestas, bloqueos y desabastecimiento. La organización, creada para combatir el narcotráfico y reforzar la cooperación regional en seguridad, advirtió sobre los riesgos para la democracia boliviana tras semanas de tensión.
El Escudo de las Américas calificó los bloqueos como “esfuerzos cínicos” orientados a impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. También sostuvo que sectores opositores recibieron financiamiento del narcotráfico y advirtió que quienes promuevan la desestabilización deberán rendir cuentas.
La declaración afirmó que “la anarquía no puede reemplazar la decisión tomada en las urnas”, en alusión a la victoria de Paz el año anterior, que según la organización permitió dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos. El comunicado instó a quienes tuvieran reclamos legítimos a recurrir al diálogo y a tomar distancia de quienes intentaran usar las movilizaciones para forzar un cambio de poder.
“El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, indicó el Departamento de Estado.
El conflicto comenzó el 6 de mayo y se extendió por corredores estratégicos del país. Las protestas se originaron por reclamos de la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y agrupaciones vinculadas a Evo Morales, que exigieron la dimisión de Paz, en el cargo desde hace casi siete meses.
De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, las protestas y los bloqueos provocaron al menos diez muertes: siete de personas que no recibieron atención médica por el corte de rutas y tres en enfrentamientos, una de ellas por un disparo durante un operativo de desbloqueo.
El Pentágono expresó su preocupación. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, escribió en redes sociales que Estados Unidos y el Escudo de las Américas rechazaron cualquier intento de derrocamiento del gobierno de Paz y afirmó que Washington observó de cerca los acontecimientos. “Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, sostuvo.
La administración de Donald Trump transmitió a Paz el compromiso de acompañar a Bolivia hasta lograr estabilidad y normalización institucional. El respaldo se consolidó al día siguiente de que el mandatario boliviano presentara una iniciativa legislativa para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el despeje de rutas, con el argumento de que los bloqueos agravaron la crisis económica y sanitaria. Las autoridades sostuvieron que la interrupción del transporte terrestre afectó el suministro de productos esenciales y elevó la tensión en los principales centros urbanos y productivos.
La crisis repercutió en el sector agropecuario y en la distribución de combustibles, con reportes de protestas de productores en Cochabamba y otras ciudades que exigieron la reapertura de rutas. Los manifestantes pidieron el restablecimiento del tránsito para alimentos y combustibles, con el objetivo de evitar una profundización del desabastecimiento.
El Escudo de las Américas, creado por Trump en marzo, reúne a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. La alianza opera como mecanismo de cooperación regional en seguridad y lucha contra el crimen organizado y, en esta coyuntura, se posicionó en defensa de la institucionalidad democrática en Bolivia.
En medio de la tensión, el gobierno boliviano ratificó su disposición al diálogo con los sectores movilizados e instó a los manifestantes a no permitir que actores vinculados al narcotráfico o a intereses políticos se apropiaran de sus demandas. Las autoridades remarcaron que el país atraviesa una situación crítica y que la recuperación económica e institucional depende de la normalización del transporte y de la provisión de bienes esenciales.
La situación continúa en desarrollo mientras el gobierno de Rodrigo Paz recibió respaldo explícito de aliados internacionales y enfrenta la presión de sectores sociales y políticos que reclaman su salida.