El vocero presidencial boliviano, José Luis Gálvez, afirmó que el expresidente Evo Morales coordina una estrategia para desestabilizar Bolivia mediante bloqueos de rutas que ya causaron cuatro fallecimientos.
El vocero presidencial boliviano, José Luis Gálvez, declaró la existencia de una estrategia política coordinada por el expresidente Evo Morales para convulsionar Bolivia a seis meses de haber iniciado su mandato el presidente Rodrigo Paz.
Según Gálvez, la ola de bloqueos de rutas, concentrada en más del 90% en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, busca forzar una ruptura del orden constitucional mediante el uso de herramientas violentas y no democráticas, intentando obligar al pueblo «a seguir implementando las medidas del pasado, a cogobernar, a volver a tener el énfasis en una lógica de política económica estatal».
El funcionario distinguió la manipulación ejercida por el entorno de Morales de las demandas legítimas de sectores sociales históricamente postergados, señalando que estos últimos se encuentran «bombardeados por una campaña de desprestigio y de mentiras haciéndoles creer que realmente todo lo que se está haciendo desde la nueva gestión de gobierno va en su contra».
La rigidez de las protestas viales generó un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno y suministros médicos esenciales en la sede de gobierno y en la ciudad de El Alto, provocando consecuencias fatales. Gálvez, en diálogo con Radio Rivadavia, confirmó el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años, debido a la imposibilidad de recibir asistencia sanitaria a tiempo en los caminos bloqueados.
«Los cuatro muertos no son muertos por uso de la fuerza constitucional de la policía o las fuerzas armadas, sino que lamentablemente son fallecidos por los cortes de carretera tan rígidos que están instruidos políticamente, que impiden el paso de las ambulancias, que impiden el paso del oxígeno y en concreto, esos cuatro fallecidos murieron en las ambulancias tratando de llegar a los hospitales», detalló el portavoz presidencial, calificando el accionar como un asedio que no respeta los derechos humanos elementales.
Ante esta situación de crisis múltiple heredada tras largos años de gestiones anteriores, el Poder Ejecutivo ratificó un cambio de rumbo institucional y de relaciones internacionales para el país. «La primera decisión que se tomó por sensatez fue tener otra orientación y alineamiento con un bloque democrático occidental», subrayó el vocero, contrastando esta postura con el histórico alineamiento doctrinario con Venezuela, Cuba, Rusia e Irán, el cual consideró que «no trajo ningún beneficio práctico a los bolivianos».
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, para procesar las demandas sociales de forma pacífica y preventiva, el presidente Paz dispuso activar el Consejo Económico Social previsto en la Constitución, buscando un espacio de consenso que supere el antiguo modelo de pensamiento único y habilite un pluralismo competitivo.
En el ámbito judicial, la administración gubernamental vinculó la virulencia de los piquetes con las causas penales que pesan sobre el exjefe de Estado. «El señor Morales tiene que rendirle cuentas a la justicia por delitos comunes de estupro, de trata de persona, de abuso de menores y no es algo que haya iniciado esta gestión», aseveró Gálvez, agregando que «las motivaciones que tiene para ser tan duro al tiempo de castigar al pueblo como lo está haciendo, es porque no quiere presentarse ante la ley».
El funcionario informó que ya se presentaron los cargos correspondientes ante los tribunales y se emitieron mandamientos de aprehensión contra los dirigentes responsables del bloqueo vial que provocó las muertes.
Para paliar la emergencia alimentaria en la región de La Paz, el Gobierno boliviano gestionó soporte logístico internacional y agradeció la colaboración de la República Argentina mediante el envío de una aeronave de transporte de carga general. «A solicitud nuestra, lo que hicieron fue proporcionar un avión que vino vacío y que nos es de gran ayuda para transportar alimentos de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de La Paz», aclaró el vocero, desmintiendo versiones mediáticas sobre el traslado de personal militar.
Con el objetivo de normalizar la circulación en las rutas afectadas, las autoridades confirmaron la apertura de un cordón humanitario mediante el despliegue de fuerzas policiales y armadas provistas únicamente de elementos disuasivos no letales.