A través de la Resolución 132/2026, el Gobierno nacional incrementó entre un 42% y un 117% las tarifas de acceso a 20 áreas protegidas. La medida se da en el marco de un discurso oficial que promueve el turismo interno y la inversión privada en parques nacionales.
El Gobierno nacional, mediante la Resolución 132/2026 de la Administración de Parques Nacionales (APN), actualizó los valores de ingreso a 20 áreas protegidas. Los incrementos fueron del 60% para argentinos, del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque en este último caso las tarifas de base son más bajas.
Las nuevas tarifas se aplican a parques como Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco.
En el Parque Nacional Los Glaciares, la tarifa para visitantes extranjeros quedó en $50.000; para argentinos, en $25.000; y para residentes provinciales, en $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, mientras que los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.
En los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general para extranjeros quedó en $35.000; para argentinos, en $15.000; y para estudiantes, subió de $5.000 a $12.000 (un incremento del 140%). En una segunda franja de parques —El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco— la tarifa para extranjeros quedó en $25.000; para argentinos, en $12.000; y para estudiantes, de $5.000 a $10.000.
La resolución mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.
También incorpora bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Se habilitaron pases de 3 y 7 días (Flexipass) y un pase anual de $300.000 para Iguazú, equivalente al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.
En el texto de la resolución, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.
Días después de la publicación de la resolución, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
Por su parte, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para solicitar medidas de alivio fiscal de urgencia. Entre las medidas solicitadas figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados.
En el Summit de la AAPA, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, afirmó: “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”. A fines de 2025, el Gobierno habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas, y el Ministerio de Desregulación eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental.