La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero alertó sobre las consecuencias de la suspensión de la Planta de Tratamiento y Red Cloacal en Añatuya, que afecta a miles de vecinos.
La paralización de la obra de la Planta de Tratamiento y Red Cloacal de la ciudad de Añatuya encendió una fuerte alarma institucional, sanitaria y social en el sudeste santiagueño. La situación motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que advirtió sobre las consecuencias que podría generar la interrupción de un proyecto considerado clave para la salud pública y el saneamiento ambiental de miles de vecinos.
El organismo, a cargo del Dr. Daniel Escobar Correa, confirmó que solicitará informes a las áreas responsables del Gobierno Nacional y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de esclarecer el estado del financiamiento y los motivos que derivaron en la suspensión de los trabajos.
Se trata de una obra estructural de gran envergadura, iniciada en junio de 2022, que contempla la construcción de 147 kilómetros de red cloacal, colectoras, estaciones de bombeo y una planta de tratamiento. Sin embargo, a la fecha apenas se habría ejecutado cerca del 40% del proyecto, lo que deja pendiente una parte significativa de la infraestructura prevista.
De acuerdo con la información recabada, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de los trabajos decidió paralizar las tareas ante una situación financiera crítica, producto de pagos irregulares y una deuda que rondaría los 1.000 millones de pesos. Los certificados de obra adeudados abarcarían desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026, lo que evidencia un esquema de incumplimientos sostenido en el tiempo.
La Defensoría del Pueblo remarcó que esta situación no puede ser considerada un simple inconveniente administrativo, ya que sus efectos impactan directamente en la calidad de vida de la población. En ese sentido, alertó que la paralización compromete no solo el desarrollo urbano de Añatuya, sino también la salud de sus habitantes, en una ciudad que históricamente enfrenta problemas vinculados a la napa freática, con niveles de agua subterránea a menos de un metro de profundidad en algunos sectores.
Esta condición agrava el riesgo de contaminación, debido a las dificultades para el funcionamiento de los pozos absorbentes, lo que convierte a la obra cloacal en una necesidad urgente y no en una mejora opcional.
Además del impacto sanitario y ambiental, el freno de la obra también repercute en el plano laboral. Más de 100 puestos de trabajo se encuentran en riesgo, y ya se habrían registrado las primeras suspensiones de operarios. De no revertirse el escenario, se teme que en las próximas semanas se produzca la desvinculación total del personal afectado.
Otro aspecto que genera preocupación es el deterioro que puede sufrir lo ya ejecutado, sumado a los mayores costos que implicará retomar la obra tras un período prolongado de inactividad. A esto se suma que el plazo original del proyecto venció en diciembre de 2025 y aún resta completar el 60% de los trabajos, además de dos ampliaciones que todavía no cuentan con aprobación, lo que podría extender su finalización al menos por dos años más.
Desde la Defensoría fueron contundentes al señalar que la situación refleja una grave falta de previsibilidad en el cumplimiento de compromisos asumidos a nivel nacional, y advirtieron sobre el impacto directo que esto tiene en las comunidades del interior.
Finalmente, el organismo ratificó que avanzará con todas las acciones necesarias para exigir respuestas claras y urgentes, al tiempo que subrayó que la continuidad de la obra resulta indispensable para garantizar derechos básicos como la salud, el acceso a servicios esenciales y el trabajo.
“Añatuya no puede quedar rehén de la falta de cumplimiento financiero. Esta obra debe continuar y los vecinos merecen respuestas”, señalaron, en un mensaje que sintetiza la preocupación de toda una comunidad que espera, desde hace años, una solución estructural a sus problemas sanitarios.