Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo oficializó un ajuste neto de $3 billones en distintas áreas del Estado, con el objetivo de mantener el superávit fiscal y priorizar partidas previsionales.
El Gobierno nacional oficializó este lunes una fuerte modificación del Presupuesto 2026 a través de la Decisión Administrativa 20/2026, con un recorte neto aproximado de $3 billones en distintas áreas del Estado. La medida apunta a sostener la meta de superávit fiscal y priorizar partidas vinculadas a la ANSES y obligaciones previsionales.
Entre los principales cambios, el Ejecutivo incrementó en $500.000 millones los fondos destinados al pago de deudas previsionales derivadas de sentencias judiciales y acuerdos transaccionales. Así, el límite presupuestario para ese concepto asciende ahora a $712.288 millones. Además, se autorizó un refuerzo de $162.000 millones para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de la ANSES, programa que busca reducir la planta de personal mediante desvinculaciones voluntarias.
Para compensar estas partidas, el Ministerio de Economía dispuso fuertes recortes en otras áreas. El mayor ajuste recayó sobre las Obligaciones a cargo del Tesoro, con una poda de $1,47 billones relacionada con la reducción de subsidios energéticos. También hubo bajas presupuestarias en energía, infraestructura, educación y salud: se destacan recortes de $359.497 millones en programas energéticos, $320.671 millones en Desarrollo del Deporte y $63.021 millones en tratamientos oncológicos.
En paralelo, el Ejecutivo reforzó el presupuesto del Consejo de la Magistratura con $115.194 millones destinados principalmente a gastos de personal. Con esta reestructuración, la administración de Javier Milei busca consolidar el equilibrio fiscal y sostener el ajuste del gasto público.