La investigación por el presunto esquema de corrupción en la ANDIS entra en una etapa técnica clave: el fiscal Franco Picardi solicitó una prueba de voz al exdirector Diego Spagnuolo para cotejarla con las grabaciones, mientras las defensas cuestionan la legalidad de las pruebas.
La investigación por el presunto esquema de corrupción en la ANDIS entró en una etapa técnica determinante. El fiscal Franco Picardi solicitó formalmente al juez Lijo que convoque al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, para realizar una prueba de voz indubitada. Este procedimiento permitirá a los expertos de la Gendarmería Nacional comparar los parámetros acústico-fonéticos de su habla natural con los fragmentos de las grabaciones donde se relatan las irregularidades.
El estudio forense también apunta a descartar el uso de tecnología digital avanzada. La fiscalía pidió específicamente que se determine si los archivos contienen rastros de “deepfakes” o síntesis de voz mediante inteligencia artificial. Para ello, se dará intervención a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), buscando establecer si los segmentos son “compatibles con voz humana real de origen no sintético”.
Las defensas de Spagnuolo, del lobista Miguel Ángel Calvete y de la firma Suizo Argentina centran su estrategia en invalidar la totalidad del expediente. Sostienen que la causa nació de una obtención ilegal de comunicaciones privadas, por lo que solicitan la aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Según los abogados defensores, sin esas grabaciones originales el juez no habría tenido elementos para ordenar los allanamientos ni las indagatorias posteriores.
En contraposición, el fiscal Picardi afirma contar con una línea de pruebas independiente de las escuchas. En sus dictámenes, el representante del Ministerio Público aseguró que existen evidencias previas sobre la manipulación del sistema de contrataciones de medicamentos e insumos del programa Incluir Salud que validan la continuidad de la persecución penal, más allá de lo que arroje el peritaje sobre los audios.
Mientras se dirime la validez de las pruebas sonoras, la causa principal avanza sobre una presunta asociación ilícita. La acusación sostiene que exfuncionarios y empresarios montaron un sistema para direccionar adjudicaciones millonarias a proveedores “amigos”, simulando competencia entre oferentes. La maniobra se habría facilitado mediante el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado a mediados de 2024.
Durante el transcurso del mes de mayo continuará la ronda de declaraciones indagatorias ante el juez Ariel Lijo. Hasta el momento, los principales involucrados han optado por negarse a declarar mientras aguardan el resultado de las pericias tecnológicas, un factor que podría ser clave para el futuro de la causa que investiga el manejo de fondos críticos destinados a personas con discapacidad.