La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una ampliación de su denuncia penal contra los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, por presunta evasión tributaria.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia su denuncia contra los dos máximos referentes de la AFA, su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. Es por la causa que sigue el juez Diego Amarante y que investiga a la dupla de la institución madre del fútbol argentino por la presunta apropiación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social. Inicialmente el monto era de $19 mil millones, pero tras esta ampliación trepó a alrededor de los $300 millones.
La ampliación de la denuncia penal de ARCA, que lidera Andrés Vázquez, identificó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino como supuestos integrantes de una presunta “asociación ilícita fiscal”. Lo propio se habría realizado a través de facturación apócrifa de forma sistemática con el fin de ocultar el destino definitivo de fondos y así esquivar impuestos por la millonaria suma de casi $300 millones.
Otro dato importante es que la ampliación de denuncia quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde la investigación hace mayor hincapié en las operaciones que se hicieron entre los años 2023 y 2025. Además, sustenta que dichas operaciones habrían provocado un daño fiscal por $289.336.519,66. ARCA sostiene que en las operaciones hay “indicios graves, precisos y concordantes” relacionados con la evasión tributaria, agravada por las facturas apócrifas.
Además de Tapia y Toviggino, en la investigación están implicados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. La ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelante por ARCA sobre las operaciones económicas vinculadas centralmente al predio de Ezeiza. En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas con irregularidades estructurales.
El curso de la investigación continuó con un segundo lote de compañías detectadas mediante el cruce de facturación electrónica. Para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de “no confiables”. En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutiva, por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino un mecanismo permanente.
Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.