La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión que mantenía procesado al expresidente y ordenó un nuevo fallo.
En un giro en la causa contra Alberto Fernández, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles su procesamiento en la denominada causa “Seguros”. Dos de los tres jueces del tribunal penal hicieron lugar a un planteo de la defensa que deja sin efecto la decisión de la Cámara Federal porteña y ordena que se emita un nuevo fallo al respecto.
Fernández se encontraba procesado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La decisión mayoritaria, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se fundamentó en la coincidencia que existió entre la defensa del ex presidente y el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, durante la audiencia previa ante el tribunal intermedio de apelaciones.
En dicha instancia, el fiscal Agüero Iturbe había postulado que no existían elementos de prueba suficientes para sostener el procesamiento y solicitó expresamente que se revocara la medida y se dictara la falta de mérito de Fernández, promoviendo en su lugar profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba —algunas de las cuales ya fueron ordenadas, como nuevas declaraciones testimoniales—. Pese a este pedido del Ministerio Público Fiscal, la Sala II de la Cámara Federal había optado por confirmar el procesamiento, lo que la defensa argumentó como una “afectación al principio acusatorio y al debido proceso”.
El voto del juez Borinsky, al que adhirió el juez Carbajo, remarcó que “no existió controversia entre las partes” —defensa y Fiscalía de la instancia anterior— respecto del “temperamento a adoptar” sobre la situación procesal de Fernández. Al no haber contraposición, la mayoría concluyó que la Cámara Federal porteña “se apartó de la postura expresamente solicitada”, lo que vició el fallo confirmado. En consecuencia, también quedó anulado el embargo de bienes que pesaba sobre Fernández por una suma superior a los $ 14.600 millones.
En disidencia, el juez Gustavo Hornos se pronunció por declarar inadmisible el recurso de la defensa y dejar firme el procesamiento. Argumentó que el fallo no constituía una sentencia definitiva. Además, Hornos destacó una cuestión de fondo respecto a la actuación del Ministerio Público: ante la Casación, el fiscal general Raúl Pleé había manifestado su rechazo al planteo de la defensa, posicionándose a favor de mantener la acusación en función de la “unidad de actuación” del organismo y la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal. Según Hornos, debía primar el dictamen de Pleé ante Casación por sobre el de Agüero Iturbe ante la instancia anterior, lo que permitía descartar la lesión al principio acusatorio.
El magistrado disidente sostuvo que el procesamiento se encontraba “suficientemente fundado” con el grado de probabilidad propio de la etapa investigativa, basándose en la presunta existencia de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales que había sido, además, avalado de forma razonada por el acusador público ante la propia Casación.
La causa “Seguros” investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado durante la gestión de Fernández. La pesquisa se centra en el Decreto 823/2021, que centralizó estas operaciones en Nación Seguros S.A. El esquema investigado habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las del mercado, lo que habría causado un posible perjuicio económico al Estado.