Un dirigente sindical del organismo alertó sobre una crisis operativa, la pérdida de personal calificado y la retención de fondos destinados a la infraestructura vial. Señaló el impacto en las rutas nacionales y criticó la transferencia de caminos a provincias.
La situación de la infraestructura vial nacional es analizada por referentes del sector. Ariel Enriquez, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (16° Distrito), describió un cuadro de desfinanciación y paralización operativa en el organismo, vinculándolo al Decreto 253/26 que transfiere rutas a nueve provincias.
Según el dirigente, el proceso implica una «quita de funciones» y debilita la estructura federal, generando desigualdades entre las provincias que ahora deben gestionar los trazados. Enriquez afirmó que la falta de presupuesto ha dejado a la repartición sin insumos básicos, paralizando maquinaria y afectando el mantenimiento.
Reportes del sector indican que entre el 60% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que impacta en la seguridad vial. A esto se suma la pérdida, en el último mes, de 630 profesionales que se acogieron a retiros voluntarios, y un conflicto salarial de dos años sin actualizaciones.
Enriquez hizo referencia al impacto local, mencionando que la experiencia de privatización en rutas concesionadas de Santiago del Estero ha sido deficiente, y criticó la instalación de más cabinas de peaje en lugar de inversión estatal.
Finalmente, el dirigente denunció que el Gobierno Nacional ha retenido fondos específicos para infraestructura vial por un monto superior a los 1,1 billones de pesos entre 2024 y 2026. Cuestionó que los impuestos al combustible, destinados a este fin, no se estarían volcando a las rutas.