La medida impulsada por el Ministerio de Desregulación para flexibilizar el servicio de practicaje en puertos y vías navegables es analizada por sus posibles impactos en la seguridad, la economía y la normativa internacional.
La decisión del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, de modificar el sistema de practicaje ha generado un amplio debate entre diversos actores del ámbito marítimo, empresarial y estatal. La iniciativa, que apunta a reducir costos logísticos, es evaluada por sus posibles consecuencias en múltiples frentes.
El practicaje es un servicio especializado mediante el cual capitanes con amplio conocimiento local asisten a los buques, en su mayoría de bandera extranjera, para navegar de forma segura en zonas complejas como el Río de la Plata o los accesos a puertos como el de Rosario. Su labor es considerada clave para prevenir accidentes.
Desde el sector empresarial naviero se han expresado críticas a la medida. Representantes del rubro señalaron que la desregulación podría afectar negativamente a empresas argentinas del sector, beneficiando a grandes compañías cerealeras internacionales. Además, manifestaron preocupación por el posible impacto en el entramado productivo local.
Uno de los ejes centrales de la discusión es la seguridad. Los prácticos argumentan que su formación requiere alrededor de 15 años y que reducir su rol o reemplazarlos incrementaría el riesgo de incidentes, como encallamientos, colisiones o incluso desastres ambientales. También se menciona un posible aumento en el costo de los seguros marítimos ante un mayor riesgo operativo.
Dentro del Estado, fuentes vinculadas a la Armada Argentina y al Ministerio de Defensa habrían expresado desconformidad por no haber sido consultadas previamente, dado que la medida involucra directamente la seguridad en las vías navegables.
En el plano económico, desde el sector se cuestiona que la reducción de la tarifa del practicaje se traduzca efectivamente en una baja de los costos de flete. Como referencia, se cita un intento similar en 2018 que, según los actores, no logró ese objetivo debido a la dinámica del mercado internacional.
Finalmente, especialistas advierten sobre la necesidad de alinear cualquier cambio regulatorio con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI), para evitar conflictos normativos y asegurar la posición del país en el comercio global.