Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional dispuso una recomposición salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, que acumulará un 123% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
El Gobierno nacional formalizó a principios de este año una recomposición salarial para la alta estructura del Estado, tras un período de congelamiento. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el 2 de enero, los ingresos de ministros, secretarios y subsecretarios registraron un incremento acumulado que alcanzará el 123% en mayo.
La medida fue justificada oficialmente por la necesidad de contar con autoridades «profesionalizadas y adecuadamente remuneradas» para evitar la migración de funcionarios hacia el sector privado, donde los ingresos eran considerablemente más altos. Los datos oficiales muestran un salto significativo desde diciembre de 2025 hasta las proyecciones para mayo de 2026, con incrementos progresivos tras el ajuste inicial de enero.
Este ajuste se produce en un contexto inflacionario: durante 2024 la inflación fue del 117,8% y en 2025 sumó un 31,5% adicional. Según fuentes oficiales, la erosión del poder adquisitivo de los funcionarios en dos años superaba el 190%.
La decisión ha generado debate por varios aspectos. En primer lugar, el decreto se firmó dos días después de iniciado el año, tras las elecciones legislativas de 2025. En segundo lugar, se observa una brecha salarial: mientras un ministro percibirá alrededor de $8 millones, el salario estatal promedio se ubica en $1.200.000 y el promedio del sector privado registrado (RIPTE) fue de $1.646.344 en enero.
En la comparación con otros poderes del Estado, los sueldos ministeriales quedaron por debajo de los de senadores ($11,6 millones) y jueces de la Corte Suprema ($9,9 millones), pero por encima de los de los diputados ($7 millones).
La recomposición salarial se da en un marco de diversas tensiones judiciales que afectan a figuras del entorno presidencial, lo que ha puesto el foco en los ingresos de los funcionarios. Aunque el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron sus sueldos congelados, la medida para el resto del Gabinete ha reabierto la discusión pública sobre los criterios de austeridad en tiempos de crisis económica.