El caso de Martín Maldonado, hallado sin vida en marzo, derivó en una compleja investigación judicial que analiza operaciones financieras paralelas y la búsqueda de fondos en criptomonedas.
La muerte del financista Martín Maldonado, ocurrida el pasado 2 de marzo en el barrio privado El Timbó, ha dado lugar a una extensa investigación que combina aspectos penales y financieros en la provincia. Lo que en un principio fue reportado como un suicidio, hoy es analizado en el marco de una posible estructura de lavado de activos y una disputa por sumas significativas de dinero.
Maldonado presidía una consultora financiera registrada en Bolsa, con oficina en calle 24 de Septiembre de la ciudad de Santiago del Estero. Sin embargo, las pesquisas judiciales indican que el empresario habría operado un sistema paralelo de inversiones, conocido como «mesa de dinero», que prometía rendimientos mensuales del 2,5% en dólares. Esta tasa duplicaría las ofrecidas actualmente por el sistema bancario formal.
La investigación ha detectado movimientos y bienes no declarados en los registros oficiales de la empresa. Entre ellos, se menciona el pago parcial de un departamento en Paraguay y la adquisición de una camioneta 0 km a nombre de la firma, cuya venta nunca fue ingresada en sus cuentas.
Tras el fallecimiento de Maldonado, varios acreedores intentaron reclamar sus fondos. No obstante, muchos enfrentan dificultades para justificar el origen del dinero, lo que los ha llevado a solicitar la devolución en pesos mediante cartas documento, en un intento por evitar el escrutinio de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Un elemento central del caso es una notebook que, según las investigaciones, contendría el registro de los inversores y las claves de billeteras virtuales con capital remanente en criptomonedas. Los representantes de la consultora han desestimado formalmente los reclamos de pago, argumentando que esos contratos no figuraban en los libros de la sociedad. El socio sobreviviente, en su calidad de agente de bolsa, tiene la obligación legal de denunciar estos reclamos ante las autoridades para determinar su legalidad.
Mientras la justicia avanza en el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, los allegados al financista y los inversores involucrados aguardan los resultados. El destino de los fondos y la legalidad de las operaciones realizadas mantienen la atención de un sector de la actividad económica local.