La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó este miércoles a favor de la postura argentina en el litigio por la expropiación de YPF en 2012. Con un fallo dividido de dos votos contra uno, el tribunal revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que había condenado al país a desembolsar unos 16.000 millones de dólares en compensación.
Los fundamentos de la decisión
Los magistrados de la corte de apelaciones basaron su decisión en dos argumentos centrales. En primer lugar, determinaron que, según el derecho argentino, los estatutos de YPF no generaban obligaciones contractuales bilaterales para la República frente al resto de los accionistas. En segundo término, señalaron que, incluso si existiera tal contrato, las reclamaciones por daños están excluidas por la ley pública que rigió la expropiación.
«El tribunal de distrito interpretó erróneamente la ley argentina», sostuvo el fallo. La sentencia subraya que la Constitución Nacional establece desde 1853 que la expropiación por utilidad pública, calificada por ley y con indemnización previa, constituye un límite razonable a la propiedad privada.
Continuidad en la defensa jurídica
Expertos en derecho internacional destacaron la importancia de la consistencia en la estrategia legal del Estado argentino a lo largo de distintas administraciones. «Es muy valioso que el Estado argentino haya sostenido la misma postura en el juicio a lo largo de distintos gobiernos», señaló un constitucionalista consultado, quien remarcó que la defensa técnica se mantuvo inalterada desde 2020.
Repercusión económica y política
El revés judicial tuvo un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de Burford Capital, la firma que financiaba el litigio en contra de Argentina, se desplomaron más de un 40% en la bolsa. Para el país, la resolución implica el levantamiento de una potencial obligación de pagos multimillonarios.
Desde diversos sectores políticos se destacó el vínculo entre la recuperación de YPF y el posterior desarrollo de Vaca Muerta. Se argumentó que la decisión soberana permitió mejorar la balanza energética nacional en los últimos años.
El caso, que ha tenido una extensa trayectoria judicial, podría aún ser llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos por parte de los demandantes, por lo que el proceso legal no se daría por concluido con esta instancia.