El gobierno de la provincia de La Rioja salió al cruce de versiones sobre un posible embargo de sus activos más importantes, tras una presentación judicial de acreedores en Estados Unidos. En una conferencia de prensa, altos funcionarios descartaron categóricamente cualquier riesgo de ejecución sobre el Banco Rioja o el Parque Eólico Arauco.
Un conflicto que atraviesa fronteras
La situación se origina en el default declarado por la provincia sobre una emisión de bonos. Tenedores de estos títulos, representados por un estudio legal internacional, solicitaron ante un tribunal del estado de Massachusetts la ejecución de activos provinciales para cobrar deudas ya judicializadas. Entre los bienes mencionados figuran las participaciones estatales en la entidad bancaria y el parque de energía renovable.
La postura oficial: tranquilidad y reclamo a Nación
«Queremos llevar tranquilidad a la sociedad riojana», afirmó el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo. Desde el gobierno de Ricardo Quintela sostuvieron que las versiones sobre embargos responden a una «interpretación distorsionada» de la realidad financiera.
Los funcionarios argumentaron que la soberanía nacional impediría la ejecución de una sentencia extranjera sobre activos dentro de Argentina. Además, recalcaron que el objetivo del Ejecutivo es «no poner en riesgo el pago de salarios» por atender obligaciones con bonistas.
El eje del conflicto: la distribución de fondos
El núcleo de la argumentación provincial apunta directamente al gobierno nacional. Según la administración de Quintela, las «dificultades financieras» que llevaron al default están «directamente vinculadas» con el incumplimiento de la Nación en transferir recursos que legítimamente corresponden a La Rioja.
«Esos recursos, incluidos fondos extra coparticipables previstos en presupuestos anteriores, fueron discontinuados, lo que impactó directamente en nuestras finanzas», precisó un vocero. Este reclamo, según indicaron, se encuentra judicializado ante la Corte Suprema de Justicia desde hace más de dos años.
Negociación en curso y defensa de los activos
Frente al default, la provincia asegura haber iniciado un proceso de reestructuración de su deuda. «No está en nuestra voluntad permanecer indefinidamente en el incumplimiento», declaró Luna Corzo, quien señaló que las negociaciones con los acreedores llevan más de un año.
El planteamiento oficial es lograr una «reestructuración en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia». Paralelamente, juraron defender judicialmente los activos provinciales. «El Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son activos de los riojanos, van a seguir siendo de la Provincia», enfatizaron.
Mientras el gobierno provincial describe un escenario de negociación activa para reordenar la deuda en condiciones sostenibles, los representantes de los bonistas afirmaron en su última presentación judicial que no hay diálogo en curso. La tensión financiera y política continúa, con La Rioja buscando despejar dudas internas y presionar por una solución en la distribución de fondos nacionales.