Tras quince años de investigaciones, dilaciones y múltiples derivaciones, la justicia federal ordenó el inicio del juicio oral en el denominado caso «Prostitución VIP». El principal imputado es el representante de modelos Leandro Santos, junto a sus hermanos Rodrigo y Micaela, acusados de integrar una organización que operaba a través de la agencia Latin American Models.
Una red con fachada legal
Según la acusación, la estructura habría utilizado la agencia de modelos como cobertura para actividades ilícitas. La investigación sostiene que el grupo reclutaba mujeres con promesas de trabajo en el mundo del espectáculo, para luego derivarlas a encuentros sexuales con personas de alto poder adquisitivo. El circuito, según la fiscalía, incluía el traslado de las víctimas entre Uruguay, Punta del Este y Buenos Aires.
Origen internacional y largo recorrido judicial
El caso tiene su origen en Uruguay, a partir de la «Operación Blanca» liderada por la jueza Graciela Gatti en 2010, especializada en crimen organizado. Desde allí se solicitó la extradición de Leandro Santos. En Argentina, la causa tramitó en los tribunales federales de Comodoro Py, pasando por los despachos de los jueces Claudio Bonadío y Sebastián Casanello, quien finalmente dictó el procesamiento y embargos millonarios sobre los bienes de los imputados.
Vínculos con otras causas resonantes
Este expediente adquirió notoriedad pública no solo por los imputados, sino también por sus conexiones con otros casos de alto perfil. Modelos vinculadas a la agencia aparecieron en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Asimismo, el caso tuvo repercusión por el escándalo que involucró al dirigente político Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici, quien declaró ante la justicia haber trabajado como «acompañante de viajes» a cambio de dinero y bienes de lujo.
La resolución que eleva la causa a juicio destaca la reiterada aparición del nombre de Santos en distintas investigaciones por presunta trata de personas y explotación sexual. El debate oral, fijado para el 26 de octubre a las 9 horas, pondrá fin a una extensa etapa de instrucción y buscará establecer responsabilidades penales en uno de los casos más complejos de los últimos años.