El manual de la ultraderecha: burda acusación de terrorismo a quienes resisten la represión

Primero saturan la plaza de vallas y uniformados. Cientos de policías federales, gendarmes y prefectos listos para atacar a la masa cuando el Ministerio dé la orden. Durante horas se muestran rabiosos, prestos a descargar su furia. A la voz de “¡aura!” y usando la más mínima excusa, se activa el camión hidrante y el aire comienza a inundarse de un gas irritante. Sufren manifestantes, camarógrafos y cronistas de todos los medios. La lógica reacción de quienes resisten la avanzada es respondida con más gases y con balazos de goma disparados a las cabezas. Este gobierno ya le sacó la visión a muchas personas y casi mata a Pablo Grillo. Poco después, con motos y patotas de civiles enchalecados, comenzará la cacería humana.

Este miércoles, al mando de Alejandra Monteoliva, el ya clásico accionar represor de La Libertad Avanza escribió un nuevo capítulo. Según datos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria , reconocida como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, hubo al menos 31 detenidos de manera arbitraria y no menos de 562 personas “fueron asistidas por los equipos de las postas sanitarias en salud de los partidos de izquierda, CEPA y la CPM”. Además, las fuerzas represivas demoraron sin razón alguna durante horas a unos 70 manifestantes.

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Este viernes, en una nueva burda operación criminalizadora, la ministra de “Seguridad Nacional” y el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunciaron otro ítem del manual criminalizador de la ultraderecha. Al menos 17 personas serían denunciadas penalmente por “terrorismo”. Según el relato armado, las personas identificadas “atacaron al Congreso”, “desestabilizaron el orden público” y cometieron “un delito grave contra el orden constitucional”. Es más, tuvieron “toda la intención de generar muerte y caos”.

¿Las pruebas? No están. Ni estarán. Como no estuvieron en causas anteriores que debieron ser cerradas y archivadas por una pasmosa escasez documental y testimonial. Quienes tienen todos los “fierros” y recursos del Estado, legales e ilegales (como todo lo que hace la SIDE), no pueden sostener expedientes en los que acusan a ciudadanos de delitos gravísimos. Por eso, cuanto menos pruebas y fundamentos, mayor magnificación discursiva.

Monteoliva le repartió a los medios un improvisado drive con fotos, nombres, apellidos y números de DNI de 17 personas indivisualizadas en la marcha. La mayoría de las imágenes son capturas de móviles televisivos, es decir que esos “terroristas” se manifestaban a la vista de todo el mundo y a metros de las fuerzas represivas.

En su frenesí antiobrero, la excolaboradora del Plan Colombia y de sanguinarios como Bukele ahora asegura que sobre ese grupo de manifestantes se aplicará la tipificación usada contra “integrantes de una organización internacional financiada para generar alarma y conmoción social”. Suena ridículo, pero en eso “trabajan” en el Ministerio.

“Acá hubo autores intelectuales y económicos. Por eso, lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento: desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”, dijo sin vergüenza la funcionaria en una entrevista por Radio Mitre.

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Puede que esta causa penal (de la que aún se desconocen juzgado y fiscalía) tenga el mismo destino de las anteriores, en las que al estridente show inicial, escrache de manifestantes y acusasiones rimbombantes mediante, le sigue el sobreseimiento de los imputados y el archivo del expediente. Sin embargo la avanzada puede atentar contra la seguridad e integridad de esas 17 personas.

El caso más bochornoso de lo que se dice se vio en junio de 2024, al votarse la Ley Bases. Allí Bullrich descargó una feroz represión en las inmediaciones del Congreso. La cacería derivó en al menos 33 detenciones al voleo que el fiscal Carlos Stornelli empaleó en cuestión de horas bajo acusaciones de “terroristas” e intento de “un golpe de Estado”. En un par de meses toda esa gente fue liberada y los cargos cayeron uno a uno.

Ante aquellos hechos ocurridos hace más de un año y medio, decíamos en este sitio que “quienes hoy levantan su cruzada contra el ‘terrorismo’ son herederos ideológicos y sentimentales (en algunos casos también biológicos) de quienes en los años 70 calificaban de ‘terroristas’ a organizaciones y personas que querían revolucionar el país en pos de una sociedad igualitaria. Con ese ‘fundamento” activaron una maquinaria de aniquilación de miles de luchadoras y luchadores en lo que luego se reconoció como Terrorismo de Estado”.

Agregábamos que “hace cincuenta años la ultraderecha encaramada en el Estado se apoyaba en la Doctrina de Seguridad Nacional, regada por Estados Unidos vía la Escuela de las Américas , donde se formaron muchos pichones de genocidas. Doctrina que terminó desechada junto a los regímenes militares, pero que se renueva décadas después en muchos de sus postulados”. Hoy, de la mano de Donald Trump y Javier Milei.

Ante los hechos de este miércoles y frente a esta nueva arremetida judicial “antiterrorista” del Gobierno, la diputada del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que “quien la pudre es Patricia Bullrich, la violencia es del Estado. No puede ser que no te puedas manifestar en la Argentina. Yo voy con anteojos protectores, limón y un pañuelo a las marchas. ¿A vos te parece que tenga que ir con anteojos para que no me saquen los ojos? ¿Nos vamos a acostumbrar a que tenga que ir así? Voy así porque como le sacaron un ojo a mi compañero Matías Aufieri, mis compañeros ya no me dejan ir con la cara descubierta”.

Pero lejos de apostar al miedo y al acobardamiento, Bregman propone redoblar la lucha y rebelarse cada vez más contra los aprestos represivos del Gobierno y el Poder Judicial. “Nos estamos acostumbrando a unos niveles de violencia estatal que solo se ven en Estados Unidos con Trump. Lo que pasa es que Minneapolis se organizó en serio. Creo que eso es lo que hay que hacer. Si me preguntas cuál es mi modelo, es ése”, dijo ante la consulta de periodistas.

Monteoliva y compañía pueden seguir cacareando, repartiendo imputaciones insustanciales contra ciudadanos perseguidos por manifestarse y poniendo cada vez más a prueba su capacidad mitomaníaca. Hay que desenmascararlos al máximo, demostrando que el verdadero accionar de terror es el que emana de las usinas estatales. Como ya se demostró en casos como el Pablo Grillo y Jonathan Navarro, el registro documental y la investigación desde abajo puede dejar al desnudo la ilegalidad bullrichista. Esta pelea recién está empezando.