El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al fiscal de Estado Fidel Eduardo Duarte a presentar una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para restablecer de manera urgente el pago de pensiones por invalidez suspendidas desde marzo de 2025.
“He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional”, informó el mandatario misionero.
Además recalcó que la presentación judicial, caratulada bajo el expediente Nº 2128/2025, también incluye “el reclamo del pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones”.
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Cuáles son los fundamentos de la demanda
En la presentación, la Provincia solicita formalmente al Poder Judicial:
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El restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos.
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El pago de todos los retroactivos adeudados.
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La nulidad de las auditorías implementadas por la ANDIS, por considerarlas realizadas con “irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas” que exige la normativa internacional.
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La implementación de nuevos procesos de control que sean “transparentes, profesionales y accesibles”.
“Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, se solicitó como medida cautelar que la ANDIS y el Estado Nacional “se abstengan de suspender nuevos beneficios” mientras dure el proceso judicial.
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Suspensión de pagos “ilegítima”
“El recorte de pensiones afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y genera un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de familias”, enfatizó el Gobierno ya que estos beneficios son esenciales para que los titulares puedan garantizar su “alimentación, medicamentos y tratamientos médicos”.
La demanda judicial remarca que la suspensión de estos pagos no solo es “ilegítima” sino que también constituye una violación a los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina.
Así “la Provincia de Misiones busca un pronunciamiento urgente de la Justicia para restablecer el flujo de fondos y garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en lo que se configura como un nuevo conflicto por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias”.