domingo, 31 agosto, 2025

Misiones: en las auditorías de ANDIS usaron el sello falsificado de un médico de Pergamino

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo escándalo, esta vez en Misiones. Los beneficiarios de pensiones que fueron citados a la ciudad de San Ignacio fueron atendidos por estudiantes, que les extendieron una constancia. Pero los papeles llegaban con el sello y firma falsificados de un médico cardiólogo de la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires.

Cientos de pensionados por invalidez que habían sido intimados a presentarse para no perder el beneficio fueron atendidos en un viejo restaurante abandonado, en condiciones de extrema precariedad y con largas esperas en la calle.

Los pensionados que fueron atendidos este viernes recibieron una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, un papel sin sello ni membrete de la Agencia Nacional de Discapacidad. La nota aparece firmado por el médico cardiólogo Leandro Peñaloza y el número de matrícula aparece ilegible.

La nota expresa que el beneficiario «deberá remitir copia de la documentación, de la constancia de atención brindada por el profesional a ANDIS, en un plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de tener por no presentado el trámite con las consecuencias que puede implicar».

A los pensionados les dan varias opciones para remitir esa documentación: a traves de la plataforma «Trámites a distancia» (www.tramitesadistancia.gob.ar), en las oficinas de ANSES o en el Centro de Atención de la Agencia Nacional de Discapacidad más cercana a su domicilio. En Misiones, ANDIS no tiene oficinas.

En una entrevista con Clarín, el médico Peñaloza negó tener vínculos con ANDIS. «Este viernes, cuando alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso: no coincide la tipografía y la firma que está estampada ni siquiera se asemeja a la que utilizo», aseguró.

Peñaloza, que tiene más de cinco décadas de ejercicio de la medicina en Pergamino, sostuvo que “claramente hay una usurpación de mi identidad».

«Aparte», sigue su queja, «los estudiantes, aunque sean de medicina, no pueden realizar esas evaluaciones. Yo lo sé porque trabajé un tiempo en una dependencia municipal donde se extendían los certificados únicos de discapacidad».

Apenas se enteró de la irregularidad, el médico habló con el fiscal de Pergamino y ahora se prepara para el lunes a primera hora hacer una denuncia penal. «En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así», afirmó.

El médico también negó un vínculo con los libertarios: «Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo ninguna relación con esa fuerza política».

Sobre sus sospechas, Peñaloza descartó que alguien le haya robado el sello de su consultorio. “No es el que utilizo. Es un tipo de tipografía diferente”, sostuvo. Además, dijo que “cuando uno gestiona un sello, mínimamente le piden el carnet de médico y el DNI”.

La irregularidad se conoció apenas unas horas después que el Gobierno de Misiones presentara ante la Justicia Federal un recurso de amparo con una medida de no innovar para frenar las auditorías de las pensiones por discapacidad y retrotraer la situación de beneficiarios que fueron dados de baja por la Agencia Nacional de Discapacidad.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, sostuvo que en la presentación judicial se mencionaron al menos un centenar de casos plagados de irregularidades. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, afirmó Antúnez.

En el planteo judicial, el Gobierno de Misiones pidió restituir de manera inmediata todas las pensiones no contributivas suspendidas sin notificación válida y garantizar un proceso de auditoría transparente, profesional y accesible para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, Antúnez fue categórica al afirmar que “el Gobierno Nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo con transparencia y sin vulnerar derechos”.

AGE

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