Para generar empleo de calidad no alcanza con bajar la inflación, reducir la presión impositiva, mejorar la infraestructura o estabilizar el tipo de cambio. Aunque todos esos factores son necesarios para fomentar la producción, la inversión y la productividad, también lo son las reglas que regulan el mercado laboral. Sin una reforma institucional que corrija las distorsiones del sistema laboral, cualquier mejora en el clima de negocios será insuficiente.
Una de esas distorsiones es la alta litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. Este mecanismo fue creado para proteger a los trabajadores ante accidentes o enfermedades laborales y, en muchos aspectos, cumplió su función: la siniestralidad más grave bajó y la cobertura mejoró. Sin embargo, hoy está saturado por una ola de juicios originados en dolencias menores, muchas veces sin relación comprobable con el empleo.
Apyme: «Levantamos la persiana y no tenemos a quién venderle»
Un caso reciente lo ilustra: la Corte Suprema revirtió un fallo que indemnizaba a un trabajador por una hernia inguinal sin vínculo laboral demostrado. La decisión fue correcta porque impone un límite razonable, pero también expone la magnitud del problema: se litiga incluso lo que no corresponde.
El mecanismo es conocido. Se presenta una demanda por lumbalgia, se reclama una incapacidad del 20%, el juez concede un 10% y eso basta para cobrar indemnización y honorarios. Como litigar es barato, es rentable. El incentivo es enorme.
Entre 2022 y 2024, los tribunales provinciales evaluaron la misma dolencia con criterios dispares: 6% en Santa Fe, 8% en Córdoba, 11% en Buenos Aires, 12% en Mendoza y 14% en la Ciudad de Buenos Aires. Así, la Justicia no solo contradice a las comisiones médicas, sino que además aplica estándares diferentes según la provincia.
Unificar criterios para frenar la avalancha
Entre 2004 y 2017, los juicios laborales en riesgos del trabajo pasaron de 3.800 a 125.000 por año. Para cubrir esa explosión, las alícuotas del sistema subieron del 2% al 3% de la masa salarial, encareciendo el empleo formal. La Ley 27.348, sancionada en 2017, redujo el número a 60.000 juicios anuales y bajó las alícuotas. Pero desde 2022 la curva volvió a subir y en 2024 se repitió el pico de 125.000.
Centro de Córdoba: cuáles son los cuatro factores por los que hay más locales vacíos
El sistema, otra vez, se vuelve insostenible. El riesgo deja de ser asegurable. Ya ocurrió en los años ‘90: sin seguros, se perdieron empleos y empresas.
La solución no requiere una nueva ley. Hace falta aplicar bien la que ya existe. Es urgente implementar la Ley 27.348 en todo el país, crear los Cuerpos Médicos Forenses y garantizar que la Justicia actúe como instancia de apelación, sin revaluar lo ya dictaminado por las comisiones médicas. Eso permitiría unificar criterios, reducir la discrecionalidad y frenar la litigiosidad excesiva.
Argentina tiene una tasa de accidentes laborales comparable con otros países, pero su nivel de litigiosidad está muy por encima. Resolver esta anomalía es clave para que, junto con la estabilidad macroeconómica, podamos poner en marcha la creación de empleo formal y sostenible.