Fentanilo: pacto criminal entre laboratorios y Lugones al servicio del negocio de la salud

Un crimen sanitario que no puede quedar impune

Las muertes asociadas al fentanilo adulterado constituyen un verdadero horror social. Detrás de cada número hay familias que aún esperan saber si sus seres queridos murieron por la negligencia —o directamente complicidad— entre laboratorios y funcionarios del Estado. ¿Pueden los mismos funcionarios y jueces con vículos directos con el negocio de la industria farmacéutica, dar una respuesta que sea confiable para las familias? Es evidente que no.

Te puede interesar: Fentanilo contaminado: detienen a García Furfaro, mientras el Gobierno encubre a los responsables políticos

Frente a esto, no alcanza con reclamar justicia en los tribunales del propio régimen. Es necesaria la creación de una comisión investigadora independiente, integrada por profesionales de la salud, científicos, trabajadores y familiares de las víctimas. Solo así se podrá llegar a la verdad y garantizar justicia, sin que el propio aparato estatal —deslegitimado y ligado a esos intereses— actúe como juez y parte.

Mientras tanto, desde el Frente de Izquierda se acaba de presentar en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación al Ministro Mario Lugones y las autoridades de la ANMAT e INAME.

Te puede interesar: La izquierda pide interpelar a Lugones por las muertes vinculadas al Fentanilo contaminado

El negocio de la salud por encima de la vida

Este caso no es un accidente aislado: es la consecuencia directa de un sistema sanitario vaciado y entregado a la lógica del mercado gobierno tras gobierno. Que, con Mario Lugones en el Ministerio de Salud, se expresó en el desmantelamiento de hospitales, despidos masivos, cierre de áreas estratégicas y persecución a quienes sostienen la atención cotidiana. Y Al mismo tiempo que se ataca a hospitales de referencia internacional como el Garrahan, como pasó previamente con el Bonaparte, el Sommer o el Posadas, al mismo tiempo que se vacía la ANMAT, el INTI, el INTA o el CONICET, se favorece a laboratorios, prepagas y clínicas privadas con regulaciones flexibles, exenciones y contratos millonarios.

El Estado desmantela los organismos de control, debilita la capacidad de inspección y habilita un mercado cada vez más precarizado y desregulado.

Estas son las razones por las cuales se investiga la muerte de al menos 96 personas que recibieron fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes. Un desastre sanitario que no puede desligarse de este panorama y que devela el oscuro entramado entre políticos, funcionarios y la industria farmacéutica.

Mientras los laboratorios privados siguen amparados por el Estado, las familias sufren la pérdida fatal de sus seres queridos. Así, “tragedias” como la del fentanilo contaminado son la consecuencia lógica de una política sanitaria que prioriza la rentabilidad empresarial por sobre la salud y la vida.

Te puede interesar: Fentanilo contaminado: casi 100 muertes por responsabilidad del Estado y empresarios

Las “relaciones carnales” entre laboratorios nacionales y multinacionales, y el Estado no son nuevas, el ahora detenido García Furfaro y los múltiples antecedentes de irregularidades en su producción y distribución a través de contratos durante todos los Gobiernos incluyendo al gobierno provincial de Axel Kicillof, no es un rayo en cielo sereno y como ejemplo paradigmático está el caso de Hugo Sigman, que durante el gobierno de Alberto Fernández, se benefició con la producción y exportación de vacunas AstraZeneca en la pandemia, usando tecnología y conocimiento público mientras la población argentina no estaba vacunada. Con el modelo de Milei – Lugones vemos que esta relación se profundiza, al servicio del FMI y las grandes multinacionales como dejó claro el mismísimo Mario Lugones, luego de recibir en el Ministerio de Salud a su par estadounidense: “Junto a Robert F. Kennedy Jr. creemos en el futuro de la colaboración en salud global. Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir y confiamos en que eso nos va a dar la posibilidad de profundizar el trabajo entre ambos países”, expresó al cierre de la reunión.

La operación de los medios que responden al gobierno es responsabilizar solo al empresario. Hoy es García Furfaro pero puede ser cualquiera, porque son todos iguales. Pero acá además tenemos que denunciar que existe directa responsabilidad estatal en esta causa, por el desfinanciamiento y desregulación de la ANMAT y por los incontables lazos comunicantes entre el negocio de la salud, funcionarios y políticos de todos los colores.

Este crimen social expone los lazos profundos y podridos que hay entre el Estado y los laboratorios, que buscan sacar hasta el último jugo de licitaciones y contrataciones millonarias, sin importarle la salud de las y los usuarios, ni tampoco las condiciones de las y los trabajadores del sistema de salud. Javier Milei y su ministro Lugones no solo son responsables políticos en este caso, sino además de que cientos de niños no accedan a una salud de calidad por el vaciamiento del Garrahan, de que pacientes oncológicos no estén recibiendo su medicación, que jubilados no puedan acceder a la cobertura del 100% de medicamentos de PAMI, que se hayan suspendido los programas de prevención de enfermedades infectocontagiosas.

Consecuencia de un armado que mantuvieron todos los gobiernos que se pasaron años aceptando las condiciones del FMI, manteniendo trabajadores precarizados y contando con la paz social que le dieron los sindicatos dirigidos por el peronismo, como Sanidad que con Héctor Daer al frente fue el garante del empeoramiento de condiciones laborales y salariales de trabajadores en laboratorios e instituciones privadas de salud. Ahora, en nombre del “déficit cero”, para festejo de los Lugones y los García Furfaro, Milei avanza en el desmantelamiento planificado para entregar áreas estratégicas a la iniciativa privada de empresas nacionales y multinacionales.

El peronismo a su vez, sostiene este modelo de salud que naturaliza los negociados de los empresarios amigos, como quedó expuesto en la pandemia. Un modelo que basado en la herencia menemista de los noventa, terceriza y precariza la vida de las y los trabajadores de la salud, abonando a la fragmentación y segmentación del sistema, manteniendo “una salud para ricos y una salud para pobres”, mientras proponen un proyecto político de país que implica ceder ante el ajuste del FMI, tal como vimos durante el gobierno del Frente de Todos.

Al cierre de esta edición, explota un nuevo escándalo por coimas en la compra de medicamentos para la ANDis (Agencia Nacional de Discapacidad).

Te puede interesar: Un par de audios turbios echaron a Spagnuolo, el funcionario de Discapacidad amigo de Milei

¿Por qué modelo de salud peleamos?

El vaciamiento no es solo una política de ajuste: es el sostén de un verdadero negocio de la salud, que implica avanzar en la desregulación de la producción y distribución de medicamentos, donde los laboratorios imponen precios, las prepagas aumentan sin control, y las clínicas privadas reciben subsidios mientras el sistema público es sostenido sólo por la fuerza de sus trabajadores con salarios de miseria. Este modelo de mercado defendido y profundizado por Lugones y Milei, muestra con crudeza que la salud está organizada en función de la ganancia y no de las necesidades sociales.

Solo la organización de trabajadores y trabajadoras de la salud junto a usuarios y la comunidad puede frenar el vaciamiento, en perspectiva de pelear por un sistema de salud único, estatal, gratuito y bajo control de sus trabajadores y usuarios, que planifique democráticamente los recursos, prohíba el lucro en un derecho tan básico como es el acceso a la salud y garantice que toda investigación y producción de medicamentos estén orientadas al bien común y no a la especulación de un puñado de empresarios.