De muy bajo perfil, la familia Eskenazi, que comenzó sus actividades comerciales con una compañía constructora fundada por el patriarca del clan, Enrique Eskenazi, fallecido en enero pasado a los 99 años de edad, se expandió hacia actividades financieras, de la agroindustria, la ingeniería y, por última pero no menos importante, la energía.
En ese rubro, la idea de «no levantar olas» de la familia, no se pudo conseguir, en particular tras el fallo favorable que obtuvieron un par de fondos de inversión de origen estadounidense en el juicio por la estatización de YPF. Las acciones que poseían los Eskenazi fueron las que generaron el reclamo judicial por las que se condenó al Estado Nacional y que ganó el fondo especulativo, Burford Capital.
La familia Eskenazi: su interés por el BBVA y la lucha contra los gremios
El responsable de la extraordinaria expansión del conglomerado a partir de una sola empresa constructora fue Enrique Eskenazi, pero dejó a sus herederos bien posicionados, al menos así se desprende de la exclusiva lista Forbes de los argentinos más ricos que los ubicó en el puesto 20 del año 2024 con una fortuna de u$s1.150 millones, más del doble que en 2020 y superior a los u$s950 millones atribuidos al astro del fútbol, Lionel Messi.
A pesar de toda esa riqueza, los negocios parecen ir por otro carril y el sindicato La Bancaria monitorea mes tras mes la situación con sus trabajadores afiliados, en particular, desde que en marzo realizaron asambleas en los salones de los bancos de San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Entre Ríos y en abril se declararon en estado de alerta y movilización.
En La Bancaria, que conduce el secretario general, Sergio Palazzo, se habla de cierres de sucursales, despidos injustificados, como la de Comodoro Rivadavia del Banco de Santa Cruz o las entidades de Paso de los Libres, Mercedes, y Monte Caseros del Banco de Entre Ríos, circunstancias que «parecen haber aprovechado para pasar la motosierra con numerosas cesantías durante este año», afirmó uno de los dirigentes sindicales en Buenos Aires.
Griselada Fabregat, secretaria general de la asociación bancaria de la provincia de Santa Cruz, afirmaba la metodología para aplicar la motosierra: «El banco llega, cierra una sucursal con escribano y les hace firmar a los compañeros que ya no pertenecen a la entidad, sin notificación previa ni diálogo con el gremio. Así sucedió en Comodoro y en tres sucursales de Entre Ríos», relató Fabregat, señalando que incluso se impidió el ingreso de representantes de la Secretaría de Trabajo. Gracias a la presión gremial, lograron que se pague la indemnización correspondiente en su totalidad, aunque los puestos laborales se perdieron.
Lo insólito es que, a pesar de esos conflictos, la familia Eskenazi se preocupó por averiguar qué iba a suceder con los activos del Banco Bilbao Viscaya Argentaria, una entidad financiera global con presencia en varios países, incluyendo España y México. En Argentina, BBVA es una de las principales instituciones financieras privadas, conocida anteriormente como BBVA Francés.
Se rumoreó mucho, hace un año, acerca de la salida del país del grupo español, cuestión que fue desmentida a posteriori por la directiva del BBVA, aunque admitió que reestructurará su negocio en la Argentina.
Para algunos analistas, cuando se habla de reestructuración, entre otras explicaciones de management, se trata de una señal previa a la puesta en venta de los activos de una empresa.
Si a este análisis se suma el fenómeno de nacionalización de empresas multinacionales que deciden irse del país y vender sus negocios a grupos empresariales locales, como ocurrió con la salida del banco brasilero ITAU, adquirido por el banco Macro de las familias Brito y Carballo o la operación de venta local del HSBC comprado por el Galicia, el interés del Grupo Petersen por el BBVA se tornaba legítimo.
En el caso de entidades bancarias, uno de los motivos por los que se produjeron estos cambios de mando fue debido a la vigencia del «cepo» durante el año 2024, pero con la salida de ese instrumento destinado a contener los dólares de la economía, la obvia justificación dejó de tener sentido. A pesar de ello, en el mercado continúa el proceso de argentinización de activos de multinacionales.
El tema no paso de los rumores y los contactos para conocer el interés real de los españoles, pero si el Grupo Petersen hubiera accedido al BBVA hubiera pasado de administrar activos por $3,7 billones a incorporar activos por otros $8 billones.
En la «city» financiera afirmaron a iProfesional que «el gobierno de Milei hubiera visto con buenos ojos esa operación».
Otros expertos que miran las cuestiones políticas aportan más datos y recuerdan que el litigio inacabable, «un problema de difícil solución», como dicen en las financieras vernáculas, representado por el millonario juicio contra el Estado Nacional por la estatización de YPF que fue ganado por los fondos especulativos, no es una barrera para que los Eskenazi lleguen a las autoridades de la Casa Rosada.
La historia muy contada de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, las sociedades domiciliadas en Madrid de la familia Eskenazi, que se hicieron del 25% de la petrolera argentina sin poner un centavo, gracias a la presión política del entonces presidente Néstor Kirchner, no debería superar un Veraz, de esos a los que los bancos someten a cualquier hijo de vecino. De hecho, las firmas madrileñas de los Eskenazi se declararon en concurso de acreedores tras la estatización en 2012, al no poder afrontar el pago de los préstamos recibidos para comprar sus acciones en la petrolera.
Pues bien, el juicio contra el Estado Nacional ni bien asumió Milei fue analizado por el subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz. Ex abogado de la familia Eskenazi. Ante el evidente conflicto de intereses, los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto, pidieron a la Oficina Anticorrupción (OA) que aparte a Andrés de la Cruz por considerar que este «podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público».
De la Cruz renunció y la estrategia de la defensa argentina en este caso quedó a cargo de Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro, designado a cargo de los temas internacionales. Stampalija ingresó junto con el nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien a su vez sucedió a Rodolfo Barra, echado del Gobierno un mes atrás.
Además, el presidente Milei debió excusar a Castro Videla para actuar en este escándalo por la estatización de YPF realizada durante la gestión de Cristina Kirchner, por «… su pasado en el sector privado, cuando integró el estudio de abogados de Alberto Bianchi, quien fue uno de los expertos que presentaron los demandantes en el juicio».
Sea como fuere, y gobierne quien gobierne, la familia Eskenazi continúa teniendo profundos vínculos en el Poder Ejecutivo a través de funcionarios que salen de la actividad privada, transcurren una temporada en la actividad pública, y retornan a la privada, usualmente con más ganancias y vínculos empresariales que cuando ingresaron para servir a los ciudadanos.