El 10 de septiembre de 2020 a un narco histórico de la zona norte de Rosario lo achicaron en una estación de servicio y lo ejecutaron a quemarropas de tres balazos. El finado dejó a su lado del cuerpo su celular. Cuando lo peritaron descubrieron que horas antes había estado en una financiera del centro donde había comprado 17 mil dólares. Lo hizo por zurda, sin capacidad de mostrar procedencia legal del dinero, tras concertar con un empleado previamente la operación.
La firma es muy conocida en Rosario. Se llama Cofyrco SAIC y está frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, en Corrientes 836. La manejaban jóvenes menores de 35 años, uno de ellos, Patricio Carey, procedente de una familia de conocidos empresarios del rubro de cambios y turismo de la ciudad. Ahora cinco de las personas con responsabilidad en esta agencia fueron procesados por la Justicia Federal por intermediación financiera no autorizada.
Ya habían estado en aprietos en la Justicia provincial santafesina. Quien aparece como presidente de Cofyrco, Fernando Vercesi, fue condenado por lavado de dinero a tres años de prisión condicional, más una multa de 35 mil dólares y 400 horas de trabajo comunitario, en una causa impulsada por el fiscal Sebastián Narvaja.
Los ilícitos de guante blanco están bajo acecho en Rosario. Narvaja es el mismo fiscal que el sábado pasado logró que a cuatro ex ejecutivos de Vicentin los dejaran presos por 120 días por administrar de manera fraudulenta en provecho propio el dinero de la empresa. Las pesquisas que se orientan a la clientela menos tocada por el sistema penal están teniendo en la mayor ciudad de Santa Fe repeticiones inusuales.
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Ahora fue el tiempo de la financiera Cofyrco. El caso pasó a la Justicia Federal porque el Banco Central demoró, por tiempos administrativos, el sumario que determinó que esta financiera no estaba autorizada. Ahí se secuestraron importantes cantidades de dinero en efectivo, en pesos argentinos, en dólares estadounidenses, reales, euros y libras esterlinas. Además, se incautó documentación contable, bancaria y financiera de la empresa y equipos de telefonía celular. Por último, 174 DNI de personas, cuyo hallazgo fue una sorpresa. Algunos eran producto de robos, otros de extravíos. La razón de estar allí era para concretar operaciones individualizadas de compraventa de divisas que por entonces estaban restringidas a 200 dólares por persona en el mercado oficial.
Marcelo Coto Medrano fue jefe de la barra brava de Newell’s y tuvo al menos una condena por comercio de drogas en Rosario. La operación que Coto Medrano mantuvo en Cofyrco no se explica, señaló el fiscal federal Federico Reynares Solari, sin que esta financiera funcionara como cueva que realizaba con los dólares que vendió al narco otro tipo de operaciones.
Sobre esto se ajustó la mira ahora. Hasta que lo mataron en la estación de servicio de Granadero Baigorria, ciudad lindera a Rosario, Medrano tenía investigaciones por delitos de amenazas, coacción, tenencia de armas de fuego, abuso de armas, lesiones y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Siete días después de que lo mataran allanaron la financiera que operaba con lógica de cueva. Y una semana más tarde hubo un nuevo allanamiento que secuestró dispositivos electrónicos y abundante documentación. En esos registros que se llevaron había cheques, listados de cheques, planillas de movimientos, operaciones, gastos, clientes, saldos de cuenta, contratos de mutuo, contratos de cesión, comprobantes de transferencia, facturas, tickets, entre otros.
A partir del análisis de esos concluyeron que la firma realizaba actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización correspondiente, lo que derivó en la comunicación de lo actuado al BCRA, como también en la remisión de las actuaciones pertinentes a la Fiscalía Federal de parte de los fiscales provinciales.
El Fiscal requirió a la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras y de la Gerencia de Fiscalización de Entidades No Autorizadas del Banco Central por presunta violación a la ley de entidades financieras de Cofyrco.
Se centraron en Vercesi, pero también en el director suplente Patricio Carey, en el gerente de operaciones Ignacio De Cesari, en el socio estratégico Guido Garay y en el asesor comercial Teodoro Fracassi. Todos fueron indagados. Les atribuyeron no solo compraventa ilícita de moneda extranjera. También que Cofyrco durante siete años, de 2014 a 2021, se habría servido de otras asociaciones y mutuales para el perfeccionamiento de maniobras de intermediación financiera.
Estas consistían en acordar préstamos a terceros mediante la figura de mutuos o acuerdo por parte de autoridades de la firma Cofyrco SA. Los instrumentos reflejaban operaciones de «colocaciones» de fondos en terceros, operaciones crediticias, recepción de fondos de terceros por parte de autoridades de la sociedad, mediante la figura de mutuo o acuerdo de partes.
Detectaron también la existencia de cuentas, que funcionaban a modo de cuenta corriente bancaria, generando intereses a favor de la entidad. Hacían captaciones remuneradas, particularmente por depósitos de cheques o dinero en efectivo. IV- Asimismo operaciones de descuentos de valores, resultando en «colocaciones» de recursos remunerados a una tasa de descuento. «Los cheques de terceros son el más claro ejemplo de valores descontados», dijeron los fiscales. También tomaban depósitos y constituían plazos fijos.
Ahora a pedido del fiscal Reynares el juez federal Carlos Vera Barros procesó a los cinco imputados de la financiera como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada. También le impuso un embargo a los bienes de Patricio Carey y Fernando Vercesi por mil millones de pesos a cada uno. Sobre los bienes de Teodoro Fracassi, Sergio Zapara e Ignacio De Cesari trabó embargo por 500 millones individualmente.