La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en el centro de una controversia política y judicial que podría definir el equilibrio de poderes en Argentina. La reunión clave de la Corte Suprema, programada para esta semana, tiene como objetivo decidir si se le tomará juramento a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, designados por decreto por el presidente Javier Milei.
Este evento ha generado una gran expectativa y tensión en el ámbito político y judicial del país. El presidente Javier Milei hizo llegar ayer este pedido al tribunal de manera informal, con la intención de que la jura de los nuevos miembros de la Corte se realice antes de su discurso frente a la Asamblea Legislativa, programado para el sábado.
La designación de Lijo y García Mansilla ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición, que considera que la designación en comisión de los jueces es una maniobra política para asegurar el control del Poder Judicial.
La Corte Suprema se reunirá en su plenario habitual para decidir si accede a tomarle juramento a los dos nuevos integrantes del tribunal. Esta decisión es esperada con ansiedad en la Casa Rosada, ya que el Gobierno busca formalizar la incorporación de Lijo y García Mansilla antes del sábado, cuando el presidente Milei hable ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
La situación se complica aún más debido a la forma en que los seis jueces de la Cámara Federal avalaron por unanimidad el pedido de licencia del juez Lijo para integrar la Corte. La resolución firmada por el titular del tribunal, Mariano Llorens, junto a sus pares Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, otorgó a Lijo una «licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Esta decisión resuelve el caso sin enviarlo a la Corte Suprema, lo que significa que el tribunal no recibió el pedido para pronunciarse, sino que solo fue notificado. La posición de uno de los tres jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es conocida públicamente, ya que avala los nombramientos de Lijo y García Mansilla.
Pedido
Sin embargo, la incógnita radica en la respuesta que darán al pedido oficial el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. Si no hay respuesta y la jura se dilata, el tribunal se encamina hacia el comienzo de una crisis institucional.
Dentro del Gobierno, hay sectores «duros» que están dispuestos a ir a fondo para que se ejecute el decreto, mientras que otra ala de la Casa Rosada busca una solución que evite un conflicto de poderes entre Javier Milei, como titular del Poder Ejecutivo, y Rosatti, como cabeza del Poder Judicial, si se retrasa la asunción.
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