En una reciente investigación judicial, encabezada por el juez federal Sebastián Casanello, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue objeto de escrutinio por presuntos actos de corrupción que involucran a ex funcionarios y empresas. Puntualmente, el magistrado avanzó con el procesamiento de 11 personas y dos firmas constructoras de Entre Ríos en una causa que está dirigida a la investigación de posible percepción de sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos.
Un aspecto a destacar de este expediente es el procesamiento de dos sociedades anónimas: Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. fueron procesadas en el marco de esta causa, que se convierte en una de las primeras en aplicar la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.
Sebastián Casanello, el juez federal que encabezó la investigación
Aunque mostró avances significativos en los últimos meses, la causa data desde el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces administrador general de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los supuestos hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.
Con ello se dieron con testimonios clave, una auditoría que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando por trabajos no realizados, y la puesta bajo la lupa hacia un supervisor de obra de Vialidad que afirmó que su jefe intentó convencerlo de sumarse en un negocio espurio en perjuicio del Estado.
El desenlace de la causa por sobornos
A partir de allí, comenzaron a darse con nombres como Guillermo Crisci, el excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV, quien aparece vinculado a tres hechos investigados: Presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: «Cañada Jeanmarie-Arroyito»; presuntos pagos indebidos en el tramo «Arroyito-Río Primero» de la misma ruta; y el supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de trabajos en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.
Las supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a las obras en la Ruta 19 habrían consistido en construir terraplenes más bajos de lo declarado, lo que resultaba en pagos excesivos por parte del Estado. De acuerdo a la hipótesis de Casanello, las empresas involucradas habrían retribuido con «retornos» a los funcionarios, contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión.
La causa data de 2017 por una denuncia del entonces administrador general de la DNV, Javier Iguacel
Este análisis del juez se sustenta en una amenaza que Crisci supuestamente le habría dicho al supervisor de la obra -de acuerdo a la declaración de este mismo ante la Justicia-: «Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata«. Ante la negativa del supervisor, Crisci le habría advertido: «Así como te puse, te saco».
Además de Crisci, fueron procesados los exfuncionarios Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo). También se incluyó en la lista de procesados a directivos de las empresas constructoras: Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández. Las dos empresas mencionadas, Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A., también fueron procesadas.
Las defensas de las firmas argumentaron que la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas se sancionó después de iniciada la causa y que, por ende, no puede aplicarse a este caso. Sin embargo, el juez sostuvo que, aunque la maniobra delictiva comenzó antes, no se habían agotado los hechos cuando entró en vigencia la ley, ya que durante 2018 se siguió pagando presuntos retornos a los funcionarios públicos. Por eso, procesó a ambas firmas por el delito de cohecho activo y ordenó trabajarles un embargo de $632.381.436,96.
El juez destacó que las investigaciones de delitos de corrupción exigen la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas que, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. Sin embargo, algunas a un abordaje sistémico, permiten desarrollar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados.
También señaló que la mecánica de los hechos de supuesta corrupción investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con otras investigaciones de criminalidad compleja que tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, designados a lo largo de diferentes gestiones. Esto revela posibles problemas estructurales y fallas en la prevención de delitos en la órbita de Vialidad.
Por ese motivo, ordenó hacer llegar este fallo a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de que se tomen medidas para prevenir futuras irregularidades en la DNV.